POR LAS constantes denuncias sobre presuntas irregularidades, la Cancillería solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar el proceso de licitación para la fabricación de pasaportes para ciudadanos colombianos.

La petición fue realizada por José Antonio Salazar Ramírez, secretario general encargado del Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de una carta dirigida al fiscal Francisco Barbosa.

En el texto, el funcionario aseguró que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores adelanta un proceso de licitación para el “suministro y formalización” de pasaportes, ya que el contrato vigente fenecerá próximamente.

“El trámite para la celebración del contrato se inició desde el 5 de enero del presente año, con el Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página web de este Ministerio”, aseguró Salazar en la misiva.

Destacó que han existido cuestionamientos técnicos y objetivos por parte de medios de comunicación, así como de personas naturales y jurídicas, los cuales han sido tomados en cuenta para la elaboración de Pliego de Condiciones Definitivos. También han criticado la transparencia del proceso.

“Públicamente hemos manifestado que no solo es un derecho, sino una obligación de toda persona, denunciar ante las autoridades competentes cualquier autoridad constituida de conducta punible o falta disciplinaria que pueda atentar contra el ordenamiento jurídico”, manifestó.

Por lo mismo, Salazar destacó que, para despejar cualquier duda, ante los cuestionamientos por posibles irregularidades, Cancillería acudió a Fiscalía General de la Nación para solicitar una investigación, a fin de establecer la existencia de cualquier irregularidad o ilicitud que pudiera presentarse durante el proceso de licitación.

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Procedimientos

Durante la primera quincena de junio, Cancillería se vio en la obligación de suspender una licitación, la cual comprometía medio billón de pesos y que, además, ponía en riesgo la fabricación y abastecimiento de pasaportes y visas en el país. La medida se tomó en torno a presuntas irregularidades en relación a un proceso de contratación.

Dicha licitación se dio por un monto de 599 millones de pesos, con la intención de suministrar y distribuir pasaportes y visas, las cuales contenían zona lectura mecánica. El contrato tendría vigencia el tiempo que le resta al presidente Gustavo Petro en el Gobierno.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió una serie de quejas de diferentes empresas oferentes, al igual que de medios de comunicación social, debido a que las condiciones impuestas para quedarse con el contrato beneficiaban a la contratista actual, Thomas Greg and Sons, lo que generó molestias entre diversos sectores de la población.

El 24 de mayo, la Cancillería hizo público un pliego de condiciones que poco favorecía a los competidores de Thomas Greg and Sons, la cual es conocida por ser una industria familiar que, por más de 17 años, ha controlado el mercado de la fabricación, impresión y distribución de pasaportes. Según publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores en aquella oportunidad, la intención era eliminar cualquier competencia de la empresa.

La mayoría de los competidores durante el proceso de licitación, tildaron de ‘imposibles’ los requisitos impuestos para obtener el contrato. Al respecto, se supo que se impusieron ciertas trabas durante los tiempos para implementación, al igual que los tipos de materiales y las respectivas pruebas técnicas.

Según publicación de medios de comunicación, la medida que tomó Cancillería en aquella oportunidad dio a entender que dicha cartera estaba trabajando en función de actuar en contra de las preguntas irregularidades que fueron denunciadas. Aun así, se puso de relieve la preocupación de varios sectores de que el abastecimiento de pasaportes y visas estuviera en peligro en todo el país.