Ajustado a derecho declaró ayer el Consejo de Estado el protocolo adoptado por el Ministerio de Salud para mitigar el impacto y prevenir el contagio del coronavirus en el sector transporte, el cual también estableció qué entidades son responsables de vigilar el cumplimiento de esta norma.

Al declarar legal la medida el alto Tribunal sostuvo que el Ministerio de Salud goza de competencia para expedir este protocolo que asegura la continuidad del servicio público de transporte durante la pandemia. Ello porque, además de ser la primera autoridad responsable de las políticas públicas de salud, se le asignó la competencia de expedir todos los protocolos de bioseguridad para mitigar y superar la pandemia en todas las actividades y sectores administrativos en el país, incluido el transporte.

La resolución contempla medidas de bioseguridad para operadores y conductores; empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros; terminales de transporte terrestre; transporte férreo; entes gestores y concesionarios de los sistemas de transporte masivo.

Además, integra estrategias de comunicación para informar a los usuarios, empleados y contratistas sobre las medidas recomendadas para prevenir el contagio por Covid-19 en terminales de transporte terrestre e infraestructura asociada a los sistemas de transporte masivo, así como la implementación de medidas de bioseguridad por parte de usuarios de vehículos y motocicletas particulares; bicicletas convencionales, eléctricas y patinetas eléctricas, además del servicio de transporte público.

De igual forma la resolución expedida por dicho Ministerio está respaldada por normas superiores que establecen el objetivo de superar la crisis originada por la Covid-19. Según la alta Corte, está encaminada a prevenir contagios en el sector transporte, por cuanto persigue un fin legítimo de salud pública.