Desde Pereira, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) de la Defensoría del Pueblo presentó la tercera alerta temprana del año, en la que se analizaron las advertencias de la ciudadanía sobre la presencia de grupos armados ilegales en el territorio, como es el caso de ‘La Cordillera’.

En el documento, la entidad señaló que en los últimos días, esta organización ha sido la responsable de homicidios ligados a “ajustes de cuentas”, desaparición forzada de personas, amenazas extorsivas, desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y el manejo de los ‘gota a gota’ por la cabecera municipal.

La alerta explica que “la Defensoría del Pueblo, a partir de los datos suministrados y visitas al territorio, pudo establecer que la población más afectada son los líderes comunales”. Durante los meses de septiembre a noviembre, y teniendo en cuenta las elecciones que se llevaron a cabo el 5 de diciembre de 2021 a nivel nacional, en el departamento de Risaralda han sido amenazados 32 líderes comunales, de los cuales 18 corresponden al municipio de Dosquebradas”.

Adicionalmente, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recalcó que “ante las amenazas de ‘La Cordillera’, algunos de los líderes han tenido que callarse o se han desplazado internamente o a otros municipios del territorio”.

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Agregó que otro de los aspectos graves que están ocurriendo en la zona es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. “Hemos encontrado que se aprovechan de los niveles de pobreza extrema y las limitaciones al acceso a la educación de niños y jóvenes entre los 10 a los 25 años, para ofrecerles labores informales como mototaxistas; pero con la intención de obligarlos a transportar estupefacientes y ser ‘campaneros’ que los alerten sobre lo que sucede en los barrios. Esto lo hemos detectado en barrios de las comunas 8 y 9”, indicó.

Vale señalar que ‘La Cordillera’ “es un grupo que tiene vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que comete crímenes bajo la modalidad de tercerización. El más grave es el aumento de homicidios que afecta sobre todo a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, víctimas por ‘ajustes de cuentas’ en acciones relacionadas con el microtráfico, así como casos de intolerancia social”.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades del orden departamental y nacional para que se implementen acciones concretas que permitan la tranquilidad y seguridad de la población de Dosquebradas.