Un nuevo desarrollo en el caso de la menor indígena abusada por varios soldados regulares en junio del año pasado en Pueblo Rico, Risaralda, se conoció este viernes luego de que la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a tres militares del Batallón San Mateo, de la Octava Brigada del Ejército.

Se trata del comandante del Pelotón Buitre 2, del Batallón de Alta Montaña No. 5, sargento viceprimero Juan Carlos Díaz Díaz; y los cabos primero Camilo Andrés Hernández Martínez y tercero Jaider Enrique Muñoz García.

Los uniformados, al parecer habrían cometido una infracción al Derecho Internacional Humanitario al ocupar la Institución Educativa Colegio Pío XII, del corregimiento Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda, entre el 11 y el 22 de junio de 2020. 

Según el Ministerio Público, los tres suboficiales habrían violado el principio de distinción previsto en el Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra, porque al parecer ocuparon el colegio, un bien protegido que alberga población civil, entre ellos menores de edad, quienes gozan de especial protección. 

La Procuraduría cuestionó que aunque la misión del pelotón era proteger a la población civil y sus bienes, los suboficiales habrían transgredido las normas constitucionales y legales y el DIH porque los integrantes del Pelotón Buitre 2 al parecer ocuparon la escuela para convertirla en una base militar.

Allí, dice el informe, hicieron cambuches, preparaban alimentos, puestos de seguridad, e hicieron uso de los servicios sanitarios, coinvirtiendo al plantel educativo en un objetivo militar del grupo armado ilegal Eln, al que debían combatir en cumplimiento a una orden de operación. 

La presunta falta del sargento Díaz Díaz, y los cabos Hernández Martínez y Muñoz García fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de dolo.  

Pero al comandante del pelotón le fue endilgado otro cargo, porque posiblemente faltó a la verdad en los registros que hizo en el Libro Diario Operacional, al anotar unas coordenadas diferentes a las que se encontraba ubicado el colegio Pío XII.  

Esta posible falta fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de dolo.