Implementar estrategias para enfrentar los desafíos ambientales que tiene Bogotá es uno de los objetivos de la Administración distrital. Por esta razón, la alcaldesa Claudia López reglamentó y firmó los primeros incentivos a la conservación ambiental rural, denominados pagos por servicios ambientales.

“Restaurar y conservar también vale”, afirmó la alcaldesa Claudia López desde la localidad de Usme. “Este servicio ambiental no solo beneficia a su finca sino a toda la comunidad. Ese es el pago por sus servicios ambientales: estamos pagándoles por proteger las cuencas de agua, cambiar sus métodos de producción para que sean ambientales, conservar, cuidar y proteger el suelo”, agregó.

El monto asciende a 1.680.000 pesos por hectárea conservada. Dicho pago, explicó la alcaldesa López, “se formaliza con un acuerdo entre el propietario de la finca y el Distrito y se realizará dos veces al año. Se verifican los procesos a los que ellos se comprometen y pasados seis meses se realizan sus pagos”.

Los primeros incentivos a la conservación están en tres predios de la localidad de Usme y suman 164 hectáreas que son fundamentales para el abastecimiento de los acueductos veredales, la protección de los ecosistemas presentes de páramo, subpáramo y bosque andino, y la conectividad con el Parque Natural Nacional de Sumapaz.

De esta extensión, 156 hectáreas corresponden al predio Montebello, 7,5 hectáreas a Micania II y 0,5 hectáreas a Piedra Grande Arayán. Estos tres hacen parte de la vereda y de la microcuenca Curubital.

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“En este momento tenemos 164 hectáreas en acuerdos de pago de servicios ambientales y queremos ir creciendo este programa en las localidades rurales como Suba, Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar”, detalló la Mandataria.

Esta estrategia se implementará en ocho zonas de interés ambiental: los Cerros Orientales, el embalse de Tominé, el páramo de Sumapaz, el parque natural Chingaza, el parque ecológico de montaña Entrenubes, la franja de adecuación y los corredores ecológicos de ronda de los ríos Tunjuelo y Fucha.

La Administración tiene el objetivo de aplicar los acuerdos y registros del pago por servicios ambientales en 1.000 hectáreas, como una herramienta para fortalecer el desarrollo rural sostenible.

El Distrito, junto con las comunidades de las zonas estratégicas, elaboró la propuesta del programa de incentivos bajo el esquema de acuerdos voluntarios de conservación, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para así lograr el mejor modelo para estas alianzas.