El alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, respondió a las palabras de Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, quien culpó a la administración de Iván Duque por el asesinato desde el 2016 de más de 300 excombatientes de la entonces guerrilla de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz.

En días pasados,  Londoño dijo: “Señor Presidente, ya van más de 300 firmantes asesinados, el último, ‘Jorgillo’, un entusiasta de la paz y la reconciliación, hoy su hijo se debate entre la vida y la muerte por acción u omisión. Usted es el responsable, la campaña de estigmatizar a los firmantes nos está poniendo en la mira de los sicarios y trata de desestimular a los que creen en la paz, pero a la guerra no volveremos”.

Ante estas afirmaciones, el consejero Archila dijo que “así que es un buen momento para recordarle a Rodrigo Londoño y a otros mentirosos que no deben estar apuntando al Gobierno y al Estado, aquí los malos son las disidencias, el Clan del Golfo y el Eln”.

No obstante, Londoño le replicó a Archila que “responden con descalificaciones personales ante la denuncia veraz y contundente de su incapacidad para gobernar y el permanente saboteo a la implementación integral del Acuerdo de Paz. Por fortuna los hechos son tozudos y no descansaremos hasta lograr la paz soñada”.

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En enero pasado, la Corte Constitucional acudió de nuevo al estado de cosas inconstitucional, al declararlo por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para los excombatientes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz.

Este fallo de la Corte se desprende de cinco tutelas que llegaron a sus manos presentadas por firmantes del Acuerdo de Paz de Nariño y Guaviare, quienes exigen el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz, pues en estos territorios hay presencia de grupos armados al margen de la ley, por lo que piden protección del Estado.

Como resultado, el alto Tribunal ordena al Gobierno nacional que "adopte las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo Final de Paz que han sido objeto de desarrollo legal y constitucional, de modo que se facilite la reinserción o reincorporación efectiva y pronta en la vida civil de quienes se desmovilizaron y de sus familiares, entendiendo que esto contribuye a su seguridad personal".