A POCAS semanas de que inicie el nuevo período legislativo en Colombia, un grupo amplio de representantes a la Cámara y senadores que se posesionaron el 20 de julio de 2022, continúan bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Procuraduría.
Desde el año pasado, una cantidad apreciable de senadores y representantes son investigados penalmente y disciplinariamente, y otros tenían demandada su elección o investidura.
La mayoría de expedientes están en la Corte Suprema, a la que le correspondió el primer caso en este Congreso con Mario Castaño, quien fue capturado un mes antes de que se instalara esta corporación.
El político liberal se acogió a sentencia anticipada por liderar una estructura criminal que, en complicidad con un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares cómplices, se apropió de multimillonarios recursos de la administración pública.
También la Corte abrió una investigación al senador Arturo Char, quien en el anterior Congreso fue presidente del Senado, por presunta compra de votos, después de que la prófuga excongresista Aída Merlano lo mencionara, junto a otros políticos de la costa norte. El parlamentario de Cambio Radical estaba citado a indagatoria en enero, pero fue suspendida por la renuncia de su abogado.
En tanto que, a la senadora de la coalición del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, la Corte le inició en julio del año pasado formalmente una investigación por, supuestamente, incurrir en los delitos de rebelión, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación.
Por otra parte, desde enero del 2021 la Fiscalía imputó al actual senador conservador Óscar Barreto ante el Tribunal Superior de Bogotá, como parte de una investigación que se sigue en su contra por presuntas irregularidades de contratación mientras fue gobernador del Tolima entre 2008 y 2011.
Asimismo, en mayo pasado la Corte Suprema acusó al senador conservador Miguel Ángel Barreto Castillo por, figuradamente, incurrir en falsedad en documento privado y fraude procesal, por no reportar ante el Consejo Nacional Electoral el aporte de $ 20 millones que le habría hecho un comerciante para su campaña al Senado 2018-2022.
Un mes después, la Procuraduría pidió la nulidad de la elección de Barreto sustentando que un candidato de otro partido reveló que habría apoyado a este mismo incurriendo en doble militancia.
En septiembre del año anterior, la Corte Suprema abrió una investigación preliminar a la actual representante por Bogotá Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, por presunto delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Mientras que, en octubre del año pasado, la Corte también abrió una investigación al senador Carlos Abraham Jiménez, del partido Cambio Radical, por el supuesto delito de peculado por apropiación en favor de terceros ideológica en documento público agravado.
La investigación preliminar más reciente por parte de la Corte Suprema de Justicia corresponde al escándalo de 19 congresistas liberales después de que se conociera que presuntamente habrían repartido puestos de trabajo en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). La Fiscalía también está realizando indagaciones al respecto.
Los congresistas liberales a los que la Corte Suprema de Justicia les abrió investigación preliminar son los senadores Mauricio Gómez Amín, Fabio Raúl Amín Saleme, Juan Pablo Gallo Maya, Miguel Ángel Pinto Hernández.
Así como los representantes a la Cámara, Andrés David Calle Aguas, Karyme Cotes Martínez, Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, Alexander Harley Bermúdez Lasso, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Álvaro Henry Monedero Rivera, José Octavio Cardona León, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, César Cristian Gómez Castro, Dolcey Oscar Torres Romero, Flora Perdomo Andrade, Gilma Díaz Arias, Hugo Alfonso Archila Suárez, Mónica Karina Bocanegra Pantoja y German Rogelio Rozo.
Los congresistas deberán presentarse a indagatorias ante la Sala Especial de Instrucción, para que rindan su versión ante la denuncia presentada por el abogado y exprecandidato presidencial Enrique Gómez.
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En el Consejo de Estado
En abril del presente año el Consejo de Estado negó las pretensiones de dos nuevas demandas que cuestionaban la juridicidad de la elección de la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro.
En la primera acción, a la legisladora se le atribuía una supuesta inhabilidad, debido a que ella y su hermana, María del Mar Pizarro, se habían inscrito para las elecciones del 2022 por el mismo grupo político, la coalición del Pacto Histórico.
A finales de ese mismo mes, el Consejo de Estado falló las tutelas a favor del representante Jorge Rodrigo Tovar, quien podrá continuar en su curul N° 12 de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). En su momento, buscaron anular la elección del representante por cuenta de su familiaridad con un victimario, condición de víctima, doble militancia y otras inhabilidades.
Luego, en mayo, el Consejo de Estado anuló la elección del senador Roy Barreras, entonces presidente del Congreso, por doble militancia.
Asimismo, en junio la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió negar las pretensiones de las demandas que buscaban anular la elección de Daniel Carvalho Mejía, como Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, período (2022-2026), al considerar que el demandado no incurrió en doble militancia.
Por otra parte, contra Miguel Polo hay al menos una decena de demandas que piden la nulidad de su elección en una de las dos curules en la Cámara que le corresponden a la población afrocolombiana. El común denominador en las acciones es que, Polo no cumpliría los requisitos que establece la ley para representar en la Cámara a esta minoría étnica.
Finalmente, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó una demanda por medio de la cual se pretendía tumbar la elección de 19 senadores del Pacto Histórico.
Procuraduría
Por presuntamente maltratar a uno de los miembros de su esquema de seguridad y conducir el vehículo asignado para su protección en aparente estado de embriaguez, en diciembre pasado la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra el representante a la Cámara por la circunscripción de víctimas John Fredy Núñez Ramos.
De igual manera, el Ministerio Público citó a audiencia pública al senador Álex Xavier Flórez Hernández por, presuntamente, proferir expresiones calumniosas contra tres patrulleros de la Policía Metropolitana de Cartagena.
Por último, la Procuraduría sancionó con 14 años de destitución e inhabilidad a Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y quien renunció a su curul en el Senado, por interés indebido en asignación de contrato para manejo de basuras a la Unión Temporal Vitalogic RSU.