La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, alertó sobre la grave situación migratoria irregular que persiste en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que, por su ubicación geoestratégica, se convierte en una opción que las redes criminales utilizan para el tránsito, tráfico y trata de personas, evitando el cruce por el Tapón del Darién y los riesgos que este implica.
De acuerdo con la Jefe del Ministerio Público, el contexto geográfico y turístico del archipiélago es utilizado como factor para la migración irregular a través de paquetes promocionales, en embarcaciones que violan condiciones mínimas de seguridad y la normatividad marítima vigente, con riesgo de naufragios.
Según lo expresado por la Procuradora, esta ruta es un puente para llegar más rápido a países como Nicaragua, para luego continuar a México y terminar como destino final a Estados Unidos. También refirió las cifras de Migración Colombia que registran a Venezuela, Uzbekistan y recientemente ciudadanos de China, Vietnam, Serbia, Nepal, Bielorrusia y Bosnia, como principales nacionalidades de migrantes que utilizan esta ruta migratoria.
Ante este panorama, la procuradora Cabello hizo un llamado a la Oficina de Control, Circulación y Residencia OCCRE y a Migración Colombia para la articulación e interoperabilidad que permita confirmar en tiempo real la información de turistas.
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Desde el archipiélago, Cabello también exhortó al sector hotelero, para el reporte de las empresas de turismo en los sistemas de información y a las aerolíneas, a fortalecer los controles de revisión e identificación de los visitantes al archipiélago.
Asimismo, pidió al Director Nacional de Migración Colombia, aumentar la capacidad de talento humano y considerar la implementación del sistema de reconocimiento biométrico para agilizar el control de ingreso a la isla.
Por último, la Procuradora instó a la Dirección de la DIJIN a iniciar macro proceso, para evitar que la isla se convierta en un segundo Tapón del Darién, por lo que se identifiquen las redes detrás del tráfico de personas, judicializarlos y capturarlos, para frenar la problemática agudizada por la lucha entre estructuras criminales organizadas que quieren consolidar sus redes y controlar las economías ilegales.