La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $82.329 millones, a título de culpa grave y de forma solidaria, contra los constructores de los terraplenes 8 y 10 del Aeropuerto del Café, los interventores y supervisores de estas obras, al considerar que las mismas son propensas al colapso y por su comprobada inestabilidad no serán utilizadas para conformar la pista de la etapa 1 del proyecto.
Según el fallo de primera instancia, proferido por la Contraloría delegada Intersectorial N.º 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, los recursos invertidos en los terraplenes 8 y 10 (obra de interventoría) corresponden a estructuras que no revisten utilidad ni cumplen la finalidad para la cual fueron previstas, como era hacer parte funcional del Aeropuerto del Café.
El daño patrimonial se deriva de la inversión de recursos públicos del orden nacional en el marco del convenio celebrado entre la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil y la Asociación Aeropuerto del Café, Aerocafé.
Seis empresas y seis personas naturales, entre contratistas, interventores y supervisores, deberán responder directamente por la mala ejecución de la obra.
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Como terceros civilmente responsables, la Contraloría señaló a las compañías de seguros La Previsora, Allianz Seguros, Seguros del Estado y Segurexpo Colombia.
Sostiene el ente de control que los Consorcios Dico-IDT y Dico IDT2 no cumplieron en debida forma las obligaciones y responsabilidades a su cargo, y tuvieron participación en los hechos generadores de daño debido a que “permitieron la ejecución de algunas obras y actividades en los terraplenes 8 y 10, aunque los estudios y diseños con los cuales se adelantó su licitación y contratación presentaban deficiencias y contradicciones”.
Asimismo, “durante la etapa constructiva, modificaron los diseños de los terraplenes 8 y 10, tarea que les correspondía de acuerdo con los pliegos de condiciones, pero los diseños modificados no garantizaron la estabilidad de las citadas estructuras”.
Explica la Contraloría que las obras de los terraplenes 8 y 10, que alcanzaron edificarse dentro de los contratos de obra 119 y 122 de 2009, fueron permitidas y recibidas a satisfacción por las interventorías, las cuales suscribieron las respectivas actas de obra. Para la Contraloría, el desempeño de las interventorías tuvo graves deficiencias e implicó un abierto incumplimiento de las obligaciones y deberes a su cargo.