Advierten riesgos para miembros de Juntas de Acción Comunal | El Nuevo Siglo
Defensoría del Pueblo
Lunes, 29 de Noviembre de 2021
Redacción Nacional

En completa calma se realizaron ayer las elecciones de integrantes de cerca de 63 mil Juntas de Acción Comunal (JAC) en todo el país. Sin embargo, en el marco de este evento la Defensoría del Pueblo advirtió riesgos en las regiones para las personas que realizan esta labor de liderazgo social, especialmente donde hacen presencia los grupos armados ilegales.  

Incluso el organismo señaló que los consejeros de juventud que se elegirán por primera vez en todo el país el próximo 5 de diciembre, también podrían ser víctimas de amenazas.

“Manifestamos preocupación por el riesgo que se cierne sobre las personas intervinientes en los procesos de elección para las Juntas de Acción Comunal que se realizan hoy (ayer) y por los que tendrán lugar el 5 de diciembre para Consejos de Juventud”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Agregó el organismo que “los líderes comunales son uno de los sectores más afectados, especialmente en territorios con presencia de grupos armados ilegales. Entre enero de 2016 y junio de 2021, nuestro Sistema de Alertas Tempranas registró 740 conductas vulneratorias contra este sector”, dentro de lo que se cuenta la ocurrencia de 438 amenazas, 221 homicidios, 36 atentados y ocho casos de desaparición forzada.


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Por su parte, el defensor Carlos Camargo dijo que “la Defensoría del Pueblo ha identificado incremento en los factores de riesgo hacia los líderes comunales por cuenta de su participación en temas como la sustitución de cultivos de uso ilícito, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), su oposición a proyectos extractivistas, denuncias de corrupción, el control político y la defensa de los derechos humanos”.

Agregó la Defensoría del Pueblo que, “si bien nuestro mensaje es preventivo, vale señalar que el seguimiento no solo al proceso de elección de las JAC, sino a la garantía de derechos de los elegidos en cada comunidad, es una labor perentoria ya que se identifica a nivel nacional un potencial riesgo”.

Persiste violencia

En un reciente informe que presentó la Misión de Observación Electoral (MOE) señaló que en los primeros seis meses del periodo preelectoral (13 de marzo a 13 de septiembre del 2021), ha registrado “un total de 252 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales”.

En dicho periodo se presentó un total de 26 hechos de violencia contra líderes comunales, “lo que representa una reducción del 31,6% respecto de las 38 agresiones registradas en el 2020”, dijo la MOE

A pesar de ello, anotó, dicho escenario no significa que la violencia contra este tipo de liderazgo no sea motivo de preocupación. “Más aún si consideramos que la letalidad de la violencia contra los líderes comunales es muy elevada: el 50% de las agresiones son asesinatos, siendo este el hecho más reiterativo en su contra”.

Agregó la MOE que Bogotá concentró la mayor cantidad de agresiones contra este liderazgo, al registrar cuatro casos, que representan un incremento de 300% en comparación con el mismo periodo de 2020, “con el agravante de que una de ellas fue un atentado, mientras que en el año anterior no se presentó ningún hecho letal en este territorio”.


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En tanto que el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 26 de junio y el 24 de septiembre de 2021, indica que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre 43 asesinatos de defensores de los derechos humanos (tres casos se verificaron, 25 están en proceso de verificación y otros 15 son no concluyentes o no verificables).

Entre las 43 alegaciones recibidas, siete de las víctimas eran mujeres (incluida una lideresa indígena), dos eran líderes afrocolombianos hombres y 12 eran líderes indígenas hombres. 

Añadió que en el 2021 se han reportado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 158 asesinatos (53 verificados, 37 en proceso de verificación y 68 no concluyentes o no verificables).

Los 53 casos verificados (48 hombres y cinco mujeres) incluían cinco líderes indígenas y cinco líderes afrocolombianos.

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