El Instituto de Desarrollo Urbano tiene cinco días para pronunciarse sobre las medidas cautelares que suspenderían los cobros de contribución de valorización y procesos de cobro coactivo o embargos. ¿La razón? El juzgado 046 Administrativo Oral de Circuito de Bogotá admitió la acción popular interpuesta por la exconcejal y candidata a la Cámara por Bogotá, Carolina Arbeláez (Cambio Radical), en contra del Instituto por no iniciar las obras de valorización a tiempo.
Esto, cobijado tanto por el Acuerdo 724 de 2018 como por el Estatuto de Valorización de la ciudad (Acuerdo 07 de 1987), el cual establece que el IDU tiene plazos máximos luego de la sanción del acuerdo para iniciar la construcción de las obras, y si transcurre este plazo y no se empieza la obra, está en la obligación de devolver el dinero a los contribuyentes.
Adicionalmente, el IDU tiene 10 días para pronunciarse sobre esta acción popular que busca el reintegro a los 356.482 contribuyentes de lo correspondiente a las siete obras, de un total de 16, que no iniciaron antes del 6 de diciembre de 2021, como lo estipula la ley, y por lo que los ciudadanos han pagado cerca de $800 mil millones.
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La candidata a la Cámara por Bogotá por el partido Cambio Radical aseguró que no está en contra de la ejecución de las obras de infraestructura, pero que estas deben realizarse con los diferentes impuestos que ya han pagado los ciudadanos.
“Se debe castigar la mala planeación y ejecución de la administración de Claudia López, en vez de afectar el bolsillo de los contribuyentes, sobre todo en tiempo de reactivación económica”, afirmó la exconcejal Carolina Arbeláez, quien fue enfática al decir que la Administración Distrital no solo no está ejecutando, sino que también es descarada al hacer cobros coactivos o embargos a los ciudadanos que no han hecho los pagos correspondientes.
Además, la exconcejal refirió que el Instituto de Desarrollo Urbano se contradice y miente, porque en el comunicado de prensa del 22 de noviembre del año anterior indicó que por la situación de pandemia no estaba realizando procesos de embargos, cuando por derecho de petición respondió que al 31 de octubre se tenían 20.243 expedientes de cobros coactivos con saldo de deuda.