La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ordenó asignación especial a la Dirección de Investigaciones Especiales para que asuma el caso de la camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por su presunta incautación con estupefacientes en su interior y determinar si hubo participación de funcionarios públicos en los hechos.
En el municipio de Caloto, en Cauca, fue interceptada por parte de las autoridades una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, con 150 kilos de cocaína en su interior. El vehículo pertenecía al exsubdirector de Protección de la entidad, Ronald Rodríguez, de acuerdo con lo dicho por la UNP.
“Las autoridades han capturado una camioneta en Caloto, Cauca, con 150 kilos de cocaína en su interior. El vehículo corresponde a un esquema de protección de Ronald Rodríguez Rozo, quién fuera subdirector de protección de la UNP”, informó la propia entidad.
Ante esta situación, y dado que se encontraron junto con las sustancias ilícitas “gorras, placas y demás emblemas de la entidad”, el director general, Augusto Rodríguez, solicitó a la Fiscalía General tener una “intervención inmediata para extirpar los hechos de corrupción que afectan a la Unidad”, según comentó.
La UNP también informó que el conductor del vehículo era Manuel Antonio Castañeda, quien “podría estar inmerso en otros hechos graves de corrupción que están siendo investigados por la UNP, y que deben ser evaluados y calificados por la justicia colombiana”. No obstante, pidió a la Fiscalía también proteger su vida.
Igualmente, se buscaría establecer si algunos servidores tendrían nexos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilícitas en la zona de los hechos y en el país, tras denuncias publicadas en diferentes medios de comunicación.
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Más información de la UNP
La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por ocho años al contratista Édgar Mauricio Hernández González para firmar algún acuerdo público con el Estado, luego de que se presentaran varias irregularidades mientras se desempeñaba como supervisor de algunos contratos en la UNP.
En 2013, el sujeto incurrió en una falta grave al autorizar el pago de varias facturas, las cuales no se especificaron las fechas en las que se prestó el servicio de suministro de esquemas de seguridad. Fueron en total cinco pagos por $10 mil millones, que no estarían justificados.
En varios contratos no se reflejó la supervisión en la ejecución y solo traslada (el sancionado) la información (presuntamente de los anexos a las facturas) al informe, sin objeción alguna, con lo que no es clara la manera en la que se dio cumplimiento a lo establecido en cada uno de ellos”, indicó la Procuraduría.
Por su parte, la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento estableció que Hernández González no cumplió su deber en la supervisión de varios contratos, además no registró las irregularidades y “solo traslada la información (presuntamente de los anexos a las facturas) al informe, sin objeción alguna”.
Por esta razón, el contratista Édgar González tendrá que pagar una multa de 80 salarios mínimos mensuales vigentes para 2013, que corresponden a $47 millones. El dinero deberá ser cancelado a favor del Tesoro Nacional.
Vale mencionar que además Altus Alejandro Baquero Rueda, magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien fuera designado en este cargo hace unos tres meses, según la Procuraduría General de la Nación habría mentido en su hoja de vida, además que su designación puede constituir un conflicto de intereses. Esto se logra gracias a que, en el momento de su posesión, el togado adquirió fuero, por lo que el Ministerio Público pudo arrancar con una investigación preliminar.
Otra solicitud de la Procuraduría
La Procuraduría General había solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregar, en un plazo no mayor a 10 días, un informe detallado sobre la situación de los vehículos asignados a los esquemas de seguridad de líderes y lideresas sociales amenazados.
Las quejas que han llegado a la Procuraduría darían cuenta de los posibles riesgos de seguridad generados por el mal estado, las demoras en la entrega y mantenimiento de los vehículos asignados dentro del programa de protección.
Entre los requerimientos plasmados en la comunicación están las características técnicas que debe tener cada vehículo, el tiempo de servicio recomendado en cada caso y el costo promedio anual.