En su más reciente informe, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió que 7,7 millones de colombianos viven bajo influencia o control por parte de los grupos armados ilegales que operan en distintas partes del territorio nacional.

El documento denominado “Plan de Respuesta Humanitaria Colombia”, que tiene una extensión de 114 páginas, reveló que, de esa cifra, 5,8 millones tendrían necesidades humanitarias, ya que residen en zonas rurales o apartadas de la urbanidad y allí es donde estructuras como las disidencias de las Farc o el Eln se están consolidando y amenazando a la población.

Según el informe, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano con la antigua guerrilla de las Farc, concluyeron que durante el año anterior se intensificaron las disputas entre grupos armados ilegales, con un aumento significativo de las violaciones a los derechos humanos como desplazamientos y los homicidios colectivos o masacres.

“Así mismo, las limitaciones de acceso humanitario debido al control territorial de estos grupos armados no estatales en la costa Pacífica han generado el aumento de emergencias del 113% en comparación al 2020, en impactos humanitarios con graves repercusiones, destacando que la región en 2021 concentró más del 62% de las emergencias a nivel nacional, y también se vieron afectadas en mayor medida las regiones de Bajo Cauca y Catatumbo”, se lee en el documento.

La OCHA señaló que, desde el 2016, año en el que se firmó el acuerdo, se ha registrado el desplazamiento forzado de 801.288 personas, es decir, un promedio de 133.548 por año, como consecuencia de los factores de violencia. “Las tendencias tanto en desplazamientos masivos como en confinamientos será de aumento en 2022”, añadió.

De igual manera, los actores humanitarios registraron la presencia de grupos armados organizados en más de 450 de los 1.103 municipios. “Se calcula que 5,8 millones tendrían necesidades humanitarias, principalmente en zonas rurales, donde se están consolidando estos grupos, generando graves implicaciones en términos de protección”, dijo el organismo.

Adicionalmente, el Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas recalcó que el impacto para los niños, niñas y adolescentes es preocupante, considerando no solo el aumento del reclutamiento y uso, en el marco de la suspensión de clases presenciales por la pandemia de covid-19, sino por el aumento de la afectación de este perfil entre el total de víctimas por minas antipersonal.

Pese a reconocer los avances en la articulación y coordinación entre el Gobierno y la OCHA, el informe detalló que “la recurrencia y magnitud de las emergencias humanitarias sobrepasaron las capacidades de respuesta tanto de las contrapartes de las alcaldías locales a través de sus planes de contingencia, así como de los actores humanitarios”.

Posibles escenarios

De acuerdo con el análisis realizado por el Equipo Humanitario País en Colombia, la OCHA consideró cuatro aspectos que podrían suceder en este año.

En primer lugar, se resalta la “continuidad en las afectaciones humanitarias por la reconfiguración de grupos armados no estatales, desencadenando aumentos en las emergencias masivas e individuales, particularmente en la Costa Pacífica, Bajo Cauca antioqueño y subregión del Catatumbo”.

Posteriormente, y teniendo en cuenta que el país se aproxima a las elecciones de Congreso el próximo 13 de marzo, así como los comicios de Presidencia y Vicepresidencia (29 de mayo), “se prevén escenarios de factores de violencia por grupos no estatales y posibles escenarios de protestas y manifestaciones sociales los primeros meses del año, las cuales pueden desencadenar afectaciones como las restricciones de acceso humanitario”.

Como tercer punto, Naciones Unidas señaló el “Desborde de capacidad de respuesta tanto de los entes locales como de los actores humanitarios por el aumento en la magnitud y la recurrencia de las emergencias, lo que conlleva más solicitudes de mayor complementariedad para la atención de emergencias por desastres, violencia, migración transcontinental y afectaciones a la salud por la covid-19, considerando la tenencia en aumento de las emergencias y las limitaciones financieras para complementar la respuesta”.

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Finalmente, otro factor que puede desencadenarse en Colombia para el 2022 es el “Aumento de las dinámicas de doble, triple y múltiple afectación humanitaria, donde los impactos a la población refugiada y migrante se exacerben por el aumento de control territorial y el agravamiento de la violencia en determinadas zonas del país, así como por eventos relacionados a desastres”.

En este sentido, el organismo internacional anunció que “se buscará minimizar el impacto, evitar la duplicidad de acciones y asegurar la acción sin daño, dando respuesta a toda la población afectada en línea con los principios humanitarios”.

Recientemente, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también expresó su preocupación por el incremento de la violencia que se ha registrado en varias regiones de Colombia, durante los dos primeros meses del 2022, resaltando los ataques que sufrieron defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes.

Frente a ello, la delegación internacional pidió a las autoridades que “refuercen todas las medidas de protección adecuadas, tanto individuales como colectivas, para garantizar la vida y la integridad de las personas, particularmente, en zonas rurales y en los municipios más afectados por la violencia”.

Del mismo modo, reiteró su llamado a los grupos armados para que “declaren un cese al fuego y las hostilidades, y que respeten las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para la protección de la población civil”.

Finalmente, reafirmó su apoyo a seguir su mandato con el Estado, la sociedad civil y los defensores de derechos humanos, “con el fin de contribuir a que la situación de derechos humanos mejore en el país, y prevenir que se sigan cometiendo violaciones contra las personas defensoras”.

Objetivos

Por otro lado, la OCHA manifestó que en el 2022 se brindará asistencia a 1,6 millones de personas con necesidades humanitarias, para lo cual ha implementado dos objetivos estratégicos: uno, proteger y salvar la vida a través de la asistencia humanitaria y el acceso a derechos; y dos, contribuir a las soluciones duraderas para el restablecimiento de derechos.

En este sentido, la entidad indicó que para lograr estos dos objetivos, “el plan incluye 173 proyectos de 50 organizaciones entre ONU y ONG nacionales e internacionales, que requiere la movilización de 283 millones de dólares, razón por la cual debe ser una prioridad a fin de cumplirlos”.

Alerta de la Defensoría del Pueblo

A inicios de febrero, la Defensoría del Pueblo alertó que 34 connacionales estarían bajo el poder de grupos armados ilegales. De estos casos, la entidad señala que 28 ocurrieron en años anteriores, mientras que para 2022, se han registrado seis secuestros, aunque no se descarta que la cifra podría ser mayor, ya que en algunos casos, los familiares no denuncian estos actos por amenazas o temor a que su ser querido sea atacado.

Ante ello, el defensor Carlos Camargo hizo un llamado a las estructuras criminales para que liberen a las víctimas y dejen por completo esta práctica criminal contra la ciudadanía. “Todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Por lo tanto, el secuestro constituye una grave vulneración a estos derechos”, expresó.

Se indicó que la mayoría de retenciones ocurrieron en el departamento del Valle del Cauca con 17 casos, seguido de Norte de Santander con ocho, mientras que Arauca y La Guajira tienen registro de tres personas secuestradas.