Cerca de 600 hombres de las Fuerzas Militares estarán custodiando varios corregimientos y zonas de Bojayá, donde la comunidad está en alerta por amenazas de grupos armados ilegales.
"Para cubrir las necesidades de seguridad del departamento tenemos 600 hombres, un componente de infantería de marina y apoyo aéreo desde Quibdó, todas estas capacidades están dispuestas para atender los requerimientos de seguridad que se presenten en la región", dijo el general Luis Fernando Navarro.
Asimismo, aseguró que la vigilancia se mantendrá de manera permanente en Corazón de Jesús, Lomas de Bojayá, Piedra Candela y Pogue.
Por otro lado, el alto uniformado aseguró que la presencia de las Fuerzas Militares no es de ahora sino que ha sido permanente. "Invitamos a informar cualquier hecho que pueda atentar contra la tranquilidad y el libre desarrollo de la región, nuestro compromiso es con el bienestar de todos los colombianos", agregó Navarro.
Sobre la gestión del Gobierno, el Ministerio del Interior dijo que lo más importante es que se garantice la protección de la sociedad civil y la seguridad para evitar el reclutamiento forzado de menores.
"Allí fácilmente llegan los miembros de los grupos organizados generan zozobra y aprovechan para reclutar menores. Lo que queda claro con esta visita es que el Estado colombiano está presente", aseguró el viceministro de interior, Daniel Palacios.
Procuraduría pide medidas urgentes
La Procuraduría General de la Nación requirió al Gobierno Nacional tomar medidas urgentes e inmediatas para eliminar la situación de confinamiento a la que se ha visto sometida la población de Bojayá, Chocó, y de otras regiones del departamento por la presencia de hombres de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona.
En carta enviada a la ministra del Interior y al gobernador de Chocó, el Ministerio Público pidió convocar inmediatamente una reunión del Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías, y demás instituciones involucradas con el fin de concretar acciones para lograr el cese de la situación que padece el municipio, donde se ha presentado ocupación de bienes, intimidación, situación de confinamiento, riesgo de desplazamiento forzado y amenazas generalizadas contra la población de territorios colectivos y resguardos indígenas.
Así mismo, el órgano de control instó al Gobierno Nacional para que implemente de forma integral un plan de acción que garantice la seguridad de la población a través de una actuación de la Fuerza Pública y requirió evaluar la intervención de las Fuerzas Militares e identificar los obstáculos que han impedido la protección a la población de manera efectiva, y prevenir nuevas situaciones de violencia y victimización.