Termina una nueva semana en la que la polémica alrededor de los posibles cambios en el trazado de la primera línea del Metro de Bogotá sigue en la primera plana de la discusión entre la Casa de Nariño, la Alcaldía, el Congreso y otros sectores nacionales e internacionales.
En los últimos cinco días se registraron varios hechos de importancia dentro de la controversia, que si bien fueron importantes no han podido superar la contradicción de fondo en torno a la viabilidad de construir un tramo subterráneo, el costo que esto tendría y si es posible hacerlo a la luz de los contratos firmados y del cronograma de obra ya en marcha.
EL NUEVO SIGLO presenta un recorrido de lo sucedido esta semana en la ‘novela’ del Metro, que, como se dijo, parece que aún tendrá muchos más capítulos por ver.
Lunes
La semana comenzó con el pronunciamiento de la alcaldesa Claudia López ante los medios de comunicación luego del polémico mensaje de Guillermo Reyes, ministro de Transporte, referente a la financiación gubernamental del Metro.
La alcaldesa mayor calificó lo sucedido como un “maltrato y chantaje para Bogotá”. Explicó que las modificaciones propuestas para el contrato no eran factibles, ni jurídica ni financieramente, puesto que los cambios implican una adición presupuestal superior al 50 %, lo que –señala– está legalmente prohibido.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro sostuvo que “ofreció financiar completamente con recursos de la Nación la subterranización de la parte más activa de la primera línea; eso no es un chantaje”.
El lunes continuaría siendo testigo de las polémicas del Metro con el anuncio de la Contraloría General y la de Bogotá referente al inicio de una acción conjunta para vigilar la construcción de la primera línea de la megaobra; además de las advertencias realizadas por la Procuraduría General en las que aseguraron que hacer una parte subterránea del proyecto traería sobrecostos.
En su comunicación, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública indicó que las modificaciones que se le hagan al contrato de concesión N.° 163 de 2019 para la construcción de la primera línea del Metro deben estar justificadas en fundamentos técnicos, financieros y jurídicos, así como en el análisis de los riesgos asociados y la forma de mitigarlos.
Martes
El martes inició con detalles de la vigilancia especial a la construcción por parte de las contralorías General de la Nación y Distrital.
Los organismos de control fiscal explicaron que su intención es revisar los términos de los contratos de concesión, de interventoría, la gestión predial, el traslado de redes de servicios públicos, la gerencia del proyecto y las ejecuciones de las troncales complementarias y alimentadoras correspondientes a la avenida 68 y avenida Ciudad de Cali.
La vigilancia se realizará hasta el 31 de agosto del año 2026, con posibilidad de modificación a partir de las decisiones que tomen los contralores.
A su turno, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió una acción popular que había interpuesto la concejal de Bogotá Lucía Bastidas contra la modificación del contrato del metro de la ciudad.
La demandante señalaba que la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá estaban vulnerando los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, así como la defensa del patrimonio público.
No obstante, el Tribunal señaló que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca) establece que para interponer una acción popular primero se le debe pedir a la autoridad correspondiente que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo que considera amenazado; y si la autoridad no atiende dicha reclamación en 15 días, podrá acudirse entonces a la acción popular.
Los hechos del martes relacionados con la megaobra continuaron con el anuncio de Diego Molano, exministro de Defensa, referente a su lanzamiento a la Alcaldía de Bogotá con un objetivo claro: “Defender el Metro”.
El exministro afirmó que la construcción del Metro no puede ser obra de un partido de turno, sino de todos los capitalinos. Reiteró su propuesta para que la alcaldesa, con el apoyo del Concejo de Bogotá, convoque a una consulta popular el próximo 29 de octubre, día de las elecciones.
- Le puede interesar: “No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi”: Petro
Miércoles
De esta manera llegó el miércoles con un nuevo rifirrafe entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y Guillermo Reyes, ministro de Transporte.
La situación comenzó con la citación a debate de control político al ministro por parte de la Comisión Accidental del Metro del Senado. El objetivo era que Reyes explicara los pronunciamientos que hizo en torno al futuro del proyecto.
La alcaldesa mayor publicó su descontento luego de cuestionar la razón por la que la construcción del Metro de Bogotá no se contemplaba dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
“¡Insólito! Es la primera vez que el Gobierno nacional no incluye el Metro de Bogotá como proyecto estratégico en su Plan de Desarrollo! ¿Concretando el chantaje, ministro?”, arremetió la alcaldesa a través de su cuenta de Twitter.
En lo que respecta a los señalamientos referentes a la inclusión del Metro en el Plan Nacional de Desarrollo, el ministro aseveró que “la que está incurriendo en chantaje es la alcaldesa. No incluimos los dos proyectos del Metro en el Plan de Desarrollo porque son proyectos que tienen vigencias futuras".
Jueves
El jueves llegó con la sorprendente publicación del presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter de una fotografía en la que se le ve reunido con la alcaldesa Claudia López.
“El Pacto de la Orinoquía, por el Metro de Bogotá. Se reinstalan las mesas técnicas y jurídicas”, reza el trino del mandatario.
La publicación generó confusión por cuenta del término “reinstalar”, pues desde el pasado 25 de enero, cuando la alcaldesa mayor socializó que se instalarían las mesas técnicas y jurídicas, no se habló sobre el desmonte de las mismas.
“El Pacto implica unas profundidades jurídicas y técnicas que quiero que el Estado en su conjunto respete, porque se trata de entregar el mejor metro posible con los recursos que tenemos a la sociedad bogotana, que ha esperado casi un siglo”, manifestó el presidente Petro.
Por su parte, la alcaldesa mayor sostuvo que junto con el presidente se comprometieron a cesar la controversia, volver a las mesas y aceptar sus recomendaciones.
Viernes
La semana cerraría con tres elementos nuevos dentro de esta polémica.
El primero, que el Gobierno tendría que reunirse con la banca internacional para explicar cuáles son los cambios que está planteando al contrato y si esto afectaría la integralidad del mismo y las proyecciones de costos de la obra.
En segundo término, trascendió que en próximos días tanto la Contraloría como la Procuraduría, en el marco de la vigilancia preventiva que anunciaron, empezarían a citar a altos funcionarios distritales y nacionales para que expliquen cuál sería el impacto de modificar el trazado del sistema, sus consecuencias en materia fiscal así como desde el punto de vista legal.
Y, por último, los alcaldes de Medellín y Cali, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina, ambos de izquierda y cercanos al gobierno Petro, quieren concretar con el Ejecutivo la posibilidad de subterranizar un tramo del Metro en la capital antioqueña y de construir otro de ese mismo estilo en la caleña.