Desde 2017 un total de 285 desmovilizados de la guerrilla de las Farc han sido asesinados en el país. Así lo advirtió el informe presentado por la Defensoría del Pueblo ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

“Colombia sigue dando pasos importantes en la implementación de los acuerdos con las antiguas Farc, para conseguir una paz que le permita no solo garantizar los derechos a todos los ciudadanos, sino que se genere el clima que le permita al país seguir marchando hacia adelante, hacia un país mejor”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar el referido informe.

El alto funcionario resaltó que una de las metas más importantes es garantizar la seguridad de los excombatientes de las antiguas Farc, quienes se acogieron al proceso y están reincorporándose a la vida civil con sus núcleos familiares, reconstruyendo sus vidas.

“Desde la Defensoría del Pueblo creemos que esta es una condición esencial para construir la paz. Por esta razón, y como respuesta a las solicitudes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, construimos un informe sobre la situación de seguridad de los excombatientes. En el documento se recopiló información de diversas entidades, como la Fiscalía, que estableció que, pese a los esfuerzos Estatales en las garantías de protección, 285 personas en proceso de reincorporación han sido asesinadas desde 2017”, dijo Camargo.

La línea investigativa de la Fiscalía logró establecer que en el 80% de los casos los responsables de estos crímenes son estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Eln. “Son estos grupos armados los que están generando impactos negativos contra la implementación del proceso de paz, según lo corroboran en terreno nuestros funcionarios”, indicó.

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Desde el 2017 hasta el cierre de 2021, se han emitido 84 Alertas Tempranas en las que se registraron escenarios de riesgo para la población excombatiente. Se trata de 80 alertas con focalización territorial y cuatro de alcance nacional.

Según la entidad del Ministerio Público, “los excombatientes enfrentan riesgos relacionados con: (i) el contexto territorial, por la presencia y accionar delictivo de GAO y GDO en las zonas donde residen. Se estima que el 75% de los excombatientes no residen en Aetcr, lo cual les hace más vulnerables a las agresiones de los actores armados; (ii) riesgos relacionados con estigmatizaciones y señalamientos por parte de las comunidades receptoras; (iii) Riesgos ocasionados por la falta de eficacia de las acciones de las entidades locales para actuar preventivamente frente a amenazas contra los derechos fundamentales de excombatientes”.

En cuanto a los victimarios, el informe señala que la “creciente disputa por el territorio entre grupos armados organizados: Eln, facciones disidentes de las Farc y las AGC o Clan del Golfo, a los que se han venido sumando reductos como los Libertadores del Vichada, Bloque Meta y Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta; y también se incluyen algunos Grupos de Delincuencia Organizada de alcance local o subregional en algunas zonas del país: los Contadores (Tumaco), Oficinas de cobro de Cali, Reductos de Los Rastrojos, La Oficina del Valle de Aburrá, Bloque Virgilio Peralta Arenas, Las Odín, La Constru, Los Pelusos, Los Pachenca, Los Costeños, Oficina del Caribe, Los Puntilleros y La Cordillera”.

“Desde la Defensoría reiteramos nuestro llamado a las entidades del Estado a seguir reforzando la seguridad en un sentido amplio e integral, para prevenir las vulneraciones a los derechos de los excombatientes. También, fortalecer la coordinación de acciones para el desmantelamiento de estructuras criminales, y de manera especial, fortalecer las estrategias de seguridad para desmantelar los Grupos Armados Organizados (GAO)”, agregó Camargo.