La Defensoría del Pueblo registró un total de 215 homicidios a líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional durante 2022, siendo el año con el mayor número de casos desde el 2016, cuando el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) inició el registro sistemático de esta conducta vulneratoria.

“No solo se trata de cifras, hay que pensar en 215 familias duramente golpeadas y en las comunidades afectadas que se quedan sin las personas que luchan por sus derechos. Esto es una grave afectación para la base de la democracia porque se trata de líderes que recogen las inquietudes de la gente, son sus voceros y los que trabajan por un país donde se respeten los derechos humanos”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Entre 2016 y 2022 fueron asesinados un total de 1.113 líderes sociales. En 2016 la cifra fue de 133, en 2017 llegó a 126, en 2018 el registro fue de 178, en 2019 fueron 134, para el 2020 subió a 182 y en 2021 alcanzó las 145 víctimas mortales.

De los 215 homicidios ocurridos durante el último año, el tipo de liderazgo más afectado fue el de los líderes comunales (63 asesinados), indígenas (47), comunitarios (36), campesinos o líderes agrarios (18), afrodescendientes (12), sindicales (8), activistas en derechos humanos (7), culturales o deportivos (5), líderes de población con orientación sexual e identidad de género diversas (Osigd) (4), servidores públicos (3), entre otros.

Los departamentos donde más crímenes contra líderes ocurrieron en el 2022 son encabezados por Nariño con 35 casos, Cauca con 26, Antioquia (22), Putumayo (22), Valle del Cauca (12), Bolívar (11), Norte de Santander (9) y Chocó y Tolima con siete casos cada uno. Justamente, coincide con aquellas zonas del país donde hacen presencia los principales grupos armados ilegales y las organizaciones de crimen organizado.

“Se esperaría que los diálogos con el Eln y el cese bilateral con otros grupos armados ilegales signifiquen también una disminución de las acciones contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional y se ponga fin a esta situación en contra de esta población”, indicó el defensor del Pueblo.

De igual manera, Carlos Camargo resaltó que desde la Defensoría del Pueblo se ha insistido a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes y lideresas y personas defensoras de los derechos humanos. “En las regiones ellos cumplen un papel fundamental para garantizar los derechos de los habitantes ya que sus acciones fortalecen la democracia”.

“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que el Gobierno nacional, las instituciones del Estado y los mandatarios locales deben atender los escenarios de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo y las recomendaciones que hemos hecho en las alertas tempranas para detener estos crímenes”, puntualizó Camargo.

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Lo que había dicho la ONU

La ONU también había expresado su preocupación al respecto. Antes de finalizar el año Montserrat Solano Carboni, representante adjunta de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Colombia,  señaló que "la Oficina no solo ha documentado su labor de defensa, sino que, además, la información cuenta con 31 casos más de este año, en proceso de verificación".

Y añadió: "Estas cifras son motivo de profunda preocupación, por la magnitud de la situación que presentan, y sin perder de vista que una sola muerte de un defensor, una sola, ya es demasiado".

Solano igualmente señaló que, a mitad del año pasado, la Oficina publicó un informe sobre violencia territorial, con un conjunto de recomendaciones al nuevo gobierno: "En el informe, se da cuenta del impacto de la violencia en los derechos humanos de las comunidades, particularmente de masacres, desapariciones, desplazamientos forzados y confinamientos, la violencia sexual y basada en género, el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, el uso de artefactos explosivos, entre otras".

“Hemos saludado que el gobierno de Gustavo Petro quiera establecer el plan de emergencia para la protección de líderes. De hecho, hemos asesorado técnicamente y esperamos que este plan se convierta en una política de prevención y protección efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país”, resaltó Solano.