El  arranque de las campañas electorales le plantea al país varias polémicas que no han sido resueltas pese a tratarse de discusiones cíclicas y desgastantes.

En primer lugar es claro que la reforma integral al Código Electoral que tantas veces se prometió en los últimos años continúa siendo uno de los pendientes institucionales más preocupantes. Apenas pasados los comicios de 2010, desde el Gobierno, la propia autoridad electoral, los partidos y sus respectivas bancadas parlamentarias se anunció la presentación de sendos proyectos para dotar al país de una normatividad sólida, coherente y unificada que hiciera respetar al máximo el derecho a elegir y ser elegido bajo un sistema democrático moderno y transparente. Tres años largos después, la reforma, ya fuera parcial o integral, nunca pasó el tamiz del Congreso, en donde varias iniciativas se terminaron hundiendo o diluyendo por falta de voluntad política.

Igual ocurre con la eterna controversia en torno de hasta dónde debe permitirse o restringirse la participación en política de un funcionario público. La reciente polémica entre el Gobierno y la Procuraduría respecto a lo que le está permitido al Jefe de Estado y lo que no, ante la eventualidad de un posible anuncio reeleccionista, es una prueba de la zona gris que existe al respecto. Hay un claro vacío normativo que, incluso, no será resuelto por la Sala de Consulta del Consejo de Estado, pues la respuesta que dé a una pregunta del Ejecutivo frente a los alcances de la Ley de Garantías Electorales no tiene carácter obligatorio ni vinculante para todo el cuerpo institucional.

Otra discusión que sigue sobre la mesa se refiere a si la foto de un candidato puede hacer parte del logo de un partido o movimiento político, pues hasta el momento solo hay un concepto en contrario del Consejo Nacional Electoral, pero no se trata de una directriz obligatoria.

Tampoco está claro hasta dónde puede llegar la facultad de la Procuraduría para sancionar a congresistas y otros titulares de cargos de elección popular. Esperar a que sean los fallos de las altas Cortes los que señalen los derroteros jurisdiccionales respectivos -con sentencias que incluso han generado choques de criterios entre los máximos tribunales-, desdice de un Estado que, se supone, debe tener en su ordenamiento constitucional, legal y reglamentario normativizado, típica y taxativamente, un tema de semejante envergadura.

La legislación electoral, tanto en materia de garantías, obligaciones y contrapesos, tiene falencias que deben ser superadas. Ese no es un diagnóstico novedoso. Todo lo contrario, está sobre la mesa desde hace varios años sin que hasta ahora la reforma integral, coherente y moderna se haya podido aterrizar. Los ajustes parciales, ya sea vía acto legislativo, leyes o normas de menor jerarquía, han servido para avanzar en transparencia, pero aún queda mucho camino por recorrer. Ya se anuncian otra vez revolcones a fondo de la legislación. Ojalá en cuatro años no estemos en las mismas que hoy: muchas promesas y de aquello poco…