* El clamor en las elecciones regionales
* Derrotar a los anarquizantes y agitadores
La seguridad se ha convertido en el anhelo principal de la ciudadanía, como es fácil constatarlo en lo que va corrido de la campaña electoral para alcaldías y gobernaciones. De tal modo lo que palpita, en el fondo, es el deseo local y regional de retornar a los elementos sustanciales del sistema democrático. Que comienzan, claro está, por el respeto a la vida y la integridad personal, el amparo de la propiedad privada y la garantía para los demás derechos fundamentales.
Basta, asimismo, con confirmar las muy malas cifras de aprobación y popularidad con que cuentan la mayoría de alcaldes y gobernadores salientes porque, precisamente, no parecerían haber atendido con diligencia ese clamor. Una exigencia del pueblo colombiano que nació, ciertamente, del desborde anárquico del país en los actos vandálicos que hace un par de años se presentaron al alero de la denominada “protesta social” y que, en no pocos casos, pusieron de presente la debilidad de las autoridades elegidas para conjurar la anarquía y el reto a las instituciones. De hecho, hoy es claro que el tema no obedeció a alguna situación espontánea de la población, sino a una conducta premeditada, organizada y financiada por parte de los agitadores y anarquistas con el fin de crear zozobra y llevar a pique al gobierno. Y que, de igual forma, fue el prólogo de la campaña presidencial anterior.
Aunque de un modo tardío se pudo dar finalmente curso en esa época a la figura de la “asistencia militar”, para auxiliar a la Policía, y por esa vía se reestablecieron las instituciones, luego de dejar un panorama a todas luces devastador. Porque nada más proclive a suscitar más anarquía que el acto de no conjurarla de inmediato. De suyo, todavía se recuerdan alcaldes atemorizados y a la larga en rebeldía con el gobierno central, que se pusieron del lado del vandalismo al asumir una actitud hipócrita con el aparato institucional que, por lo demás, los llevó a bordear el prevaricato por omisión, sin que, no obstante, este tipo de actos hubieran tenido las consecuencias jurídicas que debieron tener.
Pero, desde luego, la “asistencia militar” no se puede dar sino para circunstancias extraordinarias. La seguridad debe obedecer a un estado social permanente, sin necesidad de este estilo de procedimientos, que es naturalmente lo que se reclama en las ciudades, pueblos y regiones, como se deduce de todas las encuestas recientes en los diferentes rincones del país. Es por ello que no resulta, en absoluto, una exageración decir que la seguridad se ha convertido en el gran tema de las próximas elecciones. Por lo cual, además de un plebiscito contra la atonía del gobierno actual en esta y otras materias, también tendrá que tomarse y aplicarse con todo el rigor y la seriedad una vez se posesionen los nuevos mandatarios.
No hay duda, según las noticias que atropellan al ciudadano común y corriente, que están a la orden del día todo tipo de tropelías contra la libertad individual, desde el permanente robo de celulares hasta el asesinato en medio de los atracos bancarios, los robos a las residencias, el asalto a los automóviles en las ciudades y a los transportadores en las áreas rurales y todo un rosario de actividades impactantes, incluidas las operaciones delictivas contra los clientes en los restaurantes o sobre quienes sacan sus ahorros de los cajeros automáticos.
A la legítima represión del delito los nuevos mandatarios tendrán que añadir, también, la infraestructura y los cánones judiciales que permitan actuar contra la reincidencia criminal y que pueda llevarse a cabo la resocialización en los establecimientos carcelarios adecuados, de modo, entre otras, que el confinamiento no se convierta en la mejor “universidad” para el crimen.
Lo que en todo caso está claro por ejemplo en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, y muchas otras capitales de departamento, es que no hay campo para la resignación. No se trata, en modo alguno, de “Bukeles”, o cosas por el estilo, pero sí de reafirmar la vigencia de las instituciones. Y ante todo la preservación de la razón de Estado pues éste, como reza la Constitución, funciona para la protección de la vida, bienes y honra, así como los demás derechos y libertades de todos los ciudadanos. Que es lo que está en juego frente a los anarquizantes y agitadores que aún pululan por ahí. Esa es la esperanza.