* Las crisis en departamentos y municipios
* Cortocircuitos con el gobierno nacional
Comenzó la recta final del periodo de los gobernadores y alcaldes. Serán cuatro meses en medio de una coyuntura complicada en varios flancos, el más grave de ellos relacionado con la crisis en materia de seguridad y orden público en muchas regiones. De hecho, hoy el mayor punto de tensión entre los mandatarios departamentales y municipales con el Gobierno nacional deriva, precisamente, de las recurrentes alertas lanzadas por los primeros debido al creciente pico de violencia y la inexplicable -y contraevidente- réplica casi negacionista del segundo, que llegó incluso a señalar que las denuncias de las autoridades territoriales son exageradas y tienen un presunto trasfondo político y electoral.
En ese orden de ideas, la principal urgencia hoy a nivel regional es enfrentar el auge de la criminalidad, no solo para frenar la victimización de la población sino para evitar que los grupos armados ilegales sigan tratando de interferir en la campaña proselitista. En este objetivo, sin duda alguna, se requiere que el Ejecutivo nacional tome conciencia de la gravedad de la situación, redoble efectivamente la operatividad de la Fuerza Pública y, sobre todo, entienda que las flexibilidades de su, ya por sí accidentada, política de “paz total” son uno de los factores que están incidiendo en el repunte de la inseguridad urbana y rural. Ojalá las reuniones del presidente Petro en la última semana con gobernadores del suroccidente y el nororiente del país sean un principio de corrección del rumbo.
En segundo lugar, resulta claro que el enfriamiento de la economía colombiana está complicando no solo las finanzas e ingresos de los fiscos seccionales y locales, sino que hay un clima social cada vez más exasperado por el coletazo inflacionario, el aumento del desempleo en algunas zonas así como un menor dinamismo productivo, ya sea porque el efecto de los proyectos de reformas pensional o laboral genera incertidumbre entre los inversionistas o porque el clima de negocios registra una especie de stand by mientras se despeja el norte del país y se recupera algo de gobernabilidad y estabilidad institucional.
De igual manera, no ha sido fácil para los gobernadores y alcaldes tratar de acompasar sus agendas de cierre con el arranque en firme de la implementación de Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, más aún porque hay no pocos cortocircuitos y contradicciones políticas, ideológicas y estratégicas entre los niveles nacional y territorial. No se puede perder de vista que muchos gobernadores y alcaldes están hundiendo el acelerador de sus gestiones, ya que tienen muchos pendientes, en gran parte porque la crisis pandémica (que comenzó apenas dos meses después de posesionados en 2020) marcó e impuso las prioridades en un poco más de la mitad de sus mandatos.
A este aspecto debe sumarse que algunos planes de desarrollo departamentales y municipales han perdido dinamismo por cuenta de las restricciones de la Ley de Garantías Electorales, que se activaron por casi todo el primer semestre del año pasado (comicios parlamentarios y presidenciales) así como en la actualidad (cuatro meses, que comenzaron a finales de junio van hasta el 29 de octubre).
De hecho, ya desde varios sectores se está urgiendo a la Procuraduría, Contraloría y demás entes de control activar de manera preventiva sus mecanismos de vigilancia a la contratación pública, toma de decisiones y movimientos burocráticos en las administraciones departamentales y municipales, que seguramente se dispararán en noviembre y diciembre, como es tradicional en el remate de los periodos y que, no en pocas ocasiones, desemboca en yerros administrativos, riesgos para el erario y actos de corrupción y politiquería.
Más allá de esa lupa sobre el remate de los mandatos, es imperativo que gobernaciones y alcaldías finiquiten procesos clave, como por ejemplo los de contratación de Programa de Alimentación Escolar (PAE) para evitar que millones de estudiantes de instituciones oficiales no reciban el apoyo nutricional en el primer semestre del 2024. Otro asunto principal es el concurso público de méritos para la selección de personeros en 400 municipios, aterrizar las medidas para superar cuello de botella en materia carcelaria, el perfeccionamiento de una gran cantidad de proyectos y contratos que se financian con dineros de regalías e incluso lo relativo a iniciativas de entrega de tierras, el impacto regional del fenómeno climático del Niño así como las contingencias por problemáticas viales o protestas sociales…
Como se ve, estos cuatro meses que restan a los mandatarios territoriales apuntan a ser muy movidos. Lo importante es que sea un cierre de mandato ordenado, funcional y, sobre todo, transparente. Hay mucho en juego para la población en todos los rincones del país.