* Grave descache del director de Planeación
* Política económica no tiene un norte claro
Uno de los principales activos de la economía colombiana es, sin duda alguna, su estabilidad. De hecho, los mercados internacionales, las firmas calificadoras de riesgo, la banca multilateral, el sector financiero y los fondos de inversión pública y privada reconocen que nuestro país, más allá de las coyunturas fiscales, cambiarias, productivas, oscilación de déficits, evolución de la deuda y otros escenarios de contingencia a nivel interno y externo, aplica parámetros y marcos de referencia macroeconómicos permanentes que garantizan un manejo ponderado y serio de las finanzas.
Además de la ortodoxia en las políticas del Banco de la República, cuya autonomía está garantizada por la propia Constitución, la vigencia desde 2011 de la llamada Regla Fiscal ha sido un reaseguro vital para esa estabilidad económica. Como se sabe, esta figura fue instituida esencialmente para propiciar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se supere el límite de deuda en relación con el Producto Interno Bruto.
De hecho, la fijación de los valores de esa Regla Fiscal no depende de la discrecionalidad del gobierno de turno, sino que están claramente delineados en la ley, con base en el nivel de déficit total, el balance primario neto, transacciones de única vez, coyuntura petrolera y el ciclo económico. También se tienen en cuenta en la fórmula la deuda (bruta y neta), así como su ancla, límites y hasta un margen prudencial de variación. A todo lo anterior debe sumarse que se contempló hasta una “cláusula de escape” temporal de la rigurosidad de la Regla Fiscal para aplicar solo en casos de eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica del país.
Pero el asunto no termina ahí. También se instituyó un Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es un organismo de carácter técnico, permanente e independiente, cuya principal función es vigilar el cumplimiento de este indicador. Compuesto por cinco expertos (que no pueden ser servidores públicos) y dos presidentes de las comisiones económicas del Congreso, dicha instancia también emite concepto formal sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y otros factores claves asociados a los déficits y la deuda del Gobierno Nacional Central, entre otras funciones.
Como se ve, la Regla Fiscal no es un asunto de menor calado o que pueda ser subdimensionado por los gobiernos. De hecho, en el marco de la gaseosa y accidentada política económica de la administración Petro, que tanta incertidumbre genera a nivel interno y externo, el Ejecutivo se ha visto obligado en no pocas ocasiones a recalcar que cumplirá con este indicador clave. Los gremios, las firmas calificadoras de riesgo, la banca multilateral, los centros de estudio económico y otras instancias han señalado que cualquier tentación de esquivarla afectará de inmediato las notas del país, los flujos de capitales, el clima de negocios, encarecerá la deuda y alejará la posibilidad de recuperar a corto plazo el grado de inversión, entre otras graves consecuencias.
Precisamente, por lo mismo, resulta casi insólito lo ocurrido esta semana en torno a un pronunciamiento del director Nacional de Planeación al plantear que, en el marco de la transición energética, “… vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para ver cómo podemos mostrar alternativas de flexibilización de la Regla Fiscal”. Aunque el alto funcionario luego trató de corregir el alcance de su afirmación, señalando que la hizo a título personal y que, incluso, iba en la dirección de abrir un debate académico a largo plazo, lo cierto es que sus palabras prendieron las alertas de inmediato en todo el país y en el exterior. Le tocó, incluso, al ministro de Hacienda salir a desautorizarlo y reiterar que la Regla Fiscal se cumplirá sin excusas.
Con una economía en plena descolgada, al punto que este año no crecería más allá del 1%, muy lejos del 7,5% de 2022 y aún más del 10,6% de 2021, flaco favor hace esta clase de dislates sobre la Regla Fiscal en las altas esferas del Gobierno. Cuando lo que se urge son señales claras sobre el norte económico, un plan de choque efectivo para revertir el enfriamiento productivo, forzar una rebaja más sustancial de la inflación, reactivar la inversión, aclarar el futuro de la industria petrolera y minera, así como empujar varios sectores de productos, bienes y servicios claves en materia de empleo, no se puede dar lugar a polémicas innecesarias y ruidosas como la generada por el director de Planeación Nacional, sobre todo en un asunto que no es de su competencia directa. Lamentablemente, esta clase de descaches en asuntos de primer orden se han vuelto cada vez más recurrentes en los traumáticos catorce meses del actual gobierno. Mala cosa.