* Los procesos de paz privilegiaron a victimarios
* Proyecto de reforma con muchos interrogantes
Se supone que las víctimas son el eje central del proceso de paz suscrito en 2016 entre el gobierno de entonces y la guerrilla de las Farc. O al menos una facción de estas, ya que después el país constató que solo se desmovilizó una parte del contingente subversivo, ya que otra siguió delinquiendo y luego se sumaría un tercer grupo, con cabecillas y excombatientes que decidieron reincidir en la actividad criminal.
De hecho, en el transcurso de la accidentada firma y ratificación del acuerdo de paz (que incluyó el desconocimiento del triunfo del No en el referendo), se recalcó que tanto la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) como el recién creado “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición” y el “Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas” serían los instrumentos base de todo el proceso para garantizar el resarcimiento prioritario a los más de nueve millones de afectados por el conflicto armado, según el registro vigente.
Sin embargo, luego de trece años de vigencia de la primera norma y siete de los otros dos sistemas es poco lo que se ha avanzado en cuanto a reparar efectivamente a las víctimas. El número de estas que ha recibido compensación económica por el daño sufrido es muy bajo, así como el porcentaje de campesinos, hacendados y propietarios a los que se les ha devuelto las tierras que les fueron arrebatadas a sangre y fuego.
Es más, en agosto pasado la Contraloría General volvió a reiterar el cuantioso déficit presupuestal que dificulta cumplir con la reparación a las víctimas. Alertó que serían necesarios no menos de 250 billones de pesos para poder sufragar, antes del plazo legal de 2031, las reparaciones individuales y colectivas.
A ello se suma que al comienzo de esta semana se conocieron las conclusiones del “Balance de la implementación del Acuerdo de Paz”, que analiza lo realizado en los últimos siete años, incluyendo el tramo de la administración Petro. El informe, suscrito por 18 parlamentarios de la Comisión de Paz del Congreso, con el apoyo de la Fundación Ideas para la Paz, advierte que, a junio de 2023, solo 1,3 millones de víctimas habían sido indemnizadas, lo que representa apenas un 17,9% del universo de afectados. Sin duda, un resultado muy pobre, sobre todo tratándose de quienes, en el papel, son la prioridad del proceso de paz.
Visto lo anterior, son múltiples los interrogantes que quedan sobre la mesa ahora que el Gobierno radicó un proyecto de reforma a la Ley 1448. Según explicaron el Ministro de Justicia y la directora de la Unidad para las Víctimas ese ajuste legislativo es urgente porque hay “nuevas necesidades de reparación” y es innegable rezago en el resarcimiento de los derechos de los millones de afectados por el conflicto interno. Los representantes del Ejecutivo indicaron que la iniciativa avanza en cuanto a la armonización entre la política de víctimas con el acuerdo de paz, la inclusión de un enfoque de soluciones duraderas y la discusión sobre cuáles serán las fuentes de financiación. Incluso se crea una Comisión de Financiamiento para contribuir a superar el retraso en materia de atención y reparación integral.
La pregunta, sin embargo, es una sola: ¿De dónde saldrá, concretamente, el presupuesto billonario para sufragar la reparación y la restitución? Mientras ese asunto crucial no esté despejado, la legislación vigente ni la reforma planteada tendrá mayor efectividad. Ya está comprobado, además, que grupos paramilitares ni las Farc cumplieron -y ya no lo harán- con la entrega de cuantiosos bienes para ayudar a resarcir a sus víctimas. Tampoco han devuelto las miles y miles de hectáreas de las que se apropiaron violentamente y que hoy siguen ocultas en un entramado de testaferros y pleitos jurídicos interminables.
Como se ve, la premisa de que las víctimas eran el eje central de los procesos de paz con paramilitares y Farc resultó ser un sofisma para justificar los mantos de impunidad amplios a los victimarios. La reforma a la legislación, por más bienintencionada que esté, se estrella con un cuello de botella financiero advertido desde hace varios años y que continúa alejando a los afectados por el conflicto del resarcimiento eficaz de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.