* El fenómeno de los candidatos por firmas
* Alud de personerías jurídicas y coaliciones
A treinta y siete días para que la ciudadanía acuda a las urnas para elegir a los 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles que comenzarán a trabajar el próximo 1 de enero, la campaña proselitista entró ya en su recta final.
No ha sido una campaña fácil, sobre todo por el clima de violencia que está rodeando el accionar de los más de 128 mil aspirantes que buscan el favor popular. De hecho, los ataques y amenazas se están incrementando a medida que se acerca el 29 de octubre, tal y como lo han denunciado autoridades nacionales, regionales y locales, así como la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales de veeduría electoral. Paradójicamente, y contra toda evidencia, el Gobierno se empeña terca y riesgosamente en desconocer la gravedad de la situación.
Pero la crisis en materia de seguridad y orden público no es el único hecho alarmante que ha marcado esta contienda política. También se hace evidente que hay un alto margen de confusión en el electorado por el alud de movimientos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones y de aspirantes partidistas en competencia.
La propia Registraduría Nacional indicaba semanas atrás que el número total de aspirantes creció casi un 14% con respecto a los comicios territoriales de 2019. Esa circunstancia, a primera vista, evidencia una democracia vital y creíble. Pero hay elementos a analizar. Por ejemplo, si bien en las elecciones regionales, parlamentarias e incluso presidenciales ha venido creciendo el número de los llamados “candidatos por firmas”, para esta ocasión se rompieron todos los récords.
Las estadísticas son dicientes: de 251 aspirantes a gobernaciones, nueve fueron avalados por grupos significativos de ciudadanos; de 3.894 candidatos a asambleas, 33 están respaldados por rúbricas; en cuanto a las alcaldías, de 6.175 competidores, 168 se ampararon en esta clase de alternativas políticas. Finalmente, para los concejos, de 106 mil aspirantes, 1.180 estuvieron avalados bajo esta figura.
Si a esto se le suma la cantidad de candidatos inscritos por partidos con personería política vigente (cuyo número también se disparó a 35 en menos de un año), coaliciones y movimientos sociales, queda claro que al ciudadano le queda bastante difícil poder identificar de manera clara y precisa cuál es el verdadero origen político de los aspirantes en su respectiva jurisdicción, así como el programa e ideario que defienden.
Esa falencia es más palpable si se tiene en cuenta que muchos aspirantes que recogieron firmas para sustentar su postulación provienen de partidos y casas políticas muy reconocidas pero que por cuestiones de táctica y estrategia proselitista decidieron lanzarse por movimientos significativos de ciudadanos para ampliar el espectro de su eventual electorado, facilitar alianzas o esquivar la pelea por los avales en sus colectividades originarias. Una circunstancia muy lejana de lo que se pretendía cuando se creó años atrás la figura de las candidaturas respaldadas en la recolección de firmas, buscando darle oportunidad de participar en las urnas a nuevas expresiones políticas.
Aunque algunos analistas suelen considerar que es bueno para la democracia que existan tantas alternativas para impulsar una candidatura, es innegable que para efectos del llamado voto programático y en pos de que el elector pueda expresar su apoyo de forma clara e informada, teniendo claro de dónde viene y qué propone cada postulado, semejante maremagno de aspirantes a nombre de partidos, o respaldados en firmas, o en movimientos sociales o a nombre de coaliciones, lo que termina es por confundir al ciudadano.
En vista de que ya no se pueden cambiar las reglas del juego para estas elecciones del 29 de octubre, le corresponderá al Gobierno, el Congreso, los partidos, academia y al resto de sectores políticos hacer después de esta cita en las urnas un análisis a fondo de los mecanismos para avalar candidatos a cargos de elección popular. Resulta ingenuo desconocer que el actual sistema no contribuye a la transparencia y efectividad democráticas, tampoco al fortalecimiento de los partidos y menos aún al posicionamiento de nuevos liderazgos y propuestas. Por el contrario, el desdibujamiento de estas alternativas para otorgar avales genera una mezcolanza ideológica y programática en donde no se sabe a ciencia cierta quién es quién y qué representa. Una torre de babel política que desorienta a la ciudadanía y atenta contra la premisa de un voto libre e informado, que es la base de la democracia participativa.