La Superintendencia de Industria y Comercio impuso a Tecnoquímicas una  sanción superior a 25.000 millones de pesos, por haber asumido el pago de las multas impuestas en el año 2016 a cinco directivos de esa empresa en el denominado Cartel de los Pañales.

El órgano supervisor pudo establecer que Tecnoquímicas asumió el pago de las multas impuesta a sus cinco altos directivos a través de operaciones fachada bajo la modalidad denominada como “202- Bonificaciones Ocasionales”, en clara violación de las normas de protección de la libre competencia económica que dispone que los pagos de las multas “no podrán ser cubiertos ni asegurados o en general garantizados, directamente o por interpuesta persona, por la persona jurídica a la cual estaba vinculada la persona natural cuando incurrió en la conducta; ni por la matriz o empresas subordinadas de esta; ni por las empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial o estén sujetas al mismo control de aquella”.

Señala la Superindustria que “también sancionó a los cinco altos directivos de esa empresa, Ernesto Trujillo Pérez, María del Pilar Correa, Luis Felipe Puerto, Vanessa Hatty Benavides y Diego Humberto Quijano Reisner, pues, como ya se indicó, el pago de sus multas no fue asumido con su propio patrimonio sino con recursos y operaciones fachada provenientes de Tecnoquímicas, lo que constituye un grave incumplimiento de las órdenes impartidas por la Superindustria y a las normas de protección de la libre competencia económica, pero al mismo tiempo, una burla a la capacidad y poder sancionatorio del Estado”.

Indica la entidad que “la conducta encontrada por la Superindustria resulta de la mayor gravedad, pues burla los objetivos de las actuaciones administrativas sancionatorias y tiene como resultado un incentivo perverso para que los empleados que participan en conductas restrictivas, lo hagan sin consecuencia o sanción alguna, pues al final, la empresa para la cual trabajan o trabajaron asumiría el pago de las multas, lo cual es realmente inadmisible en materia de política pública de protección de la libre competencia económica”.