La renuncia de Ignacio Greiffeinstein de la Presidencia ha demostrado que un mal trino puede tener implicaciones laborales y personales. ¿Qué está pasando?

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SON “UNA TRAMPA”, decía el célebre sociólogo Zygmunt Bauman sobre las redes sociales. Por desconocimiento, negligencia o deliberación algunos colombianos han caído en ella, entre estos personajes de la vida pública, como Ignacio Greiffeinstein, ex director del servicio de televisión de la Presidencia.

El caso de Greiffeinstein ha traído de vuelta el debate sobre el manejo de las redes sociales. Después de una serie de trinos en los que se refería a algunas seguidoras de Gustavo Petro de tener “pinta de putas”, el periodista se retractó y abandonó el cargo que venía asumiendo en la Presidencia al lado del presidente Iván Duque.

La decisión del exdirector de la televisión en la Presidencia demuestra una vez más los efectos que pueden llegar a tener declaraciones desafortunada en redes sociales. En Sentencia T-050/16, la Corte Constitucional ya había aclarado que lo expresado en redes sociales podía vulnerar derechos fundamentales como la dignidad humana, el buen nombre y la intimidad.

Esa interpretación dio pie a entender que las redes sociales se han convertido en un espacio deliberativo en las que los ciudadanos están amparados en el derecho a la libre expresión para comentar y debatir algún tema de interés nacional o particular, siempre y cuando tengan claro que, como reitera el alto Tribunal, no exista una “intención dañina, desproporcionada o insultante”, que conlleve a la injuria y la calumnia contra un tercero o institución.

Según un informe de la Universidad Libre, que consultó y analizó información del Centro Cibernético Policial y la Dijin, en los últimos cuatro años se han recibido más de 3.600 reportes por casos de injuria y calumnia en Facebook y Twitter. Lo que demuestra que los colombianos están lejos de entender que en las redes sociales, como en cualquier escenario de expresión de ideas, existen tanto derechos como límites constitucionales y legales.

Personajes públicos

Luego de la renuncia de Greiffeinstein, se ha abierto el debate sobre el manejo de redes sociales, más que todo porque se trataba de un funcionario público. El nivel de reproche y de exigibilidad parece mayor en el caso de los servidores públicos, ya que representan la institucionalidad y el Estado.

No han sido pocos los casos en que miembros del Gobierno y de partidos políticos han hecho declaraciones desafortunadas en redes sociales. En diciembre, un asesor del superintendente de Notariado y Registro, Carlos Alberto García, trinó en contra el periodista Julián Martínez, compañero de Daniel Coronell.

“No sea hp ‘periodista’ de 3 pesos usted solo es un cabrón que le lame el culo al judío de Tame. Lea el expediente chino”, escribió. Disculpándose, el Superintendente dijo que se había tratado de una “situación desafortunada” y destacó “su sincero sentimiento de arrepentimiento”.

Un caso similar se presentó un mes antes con un asesor de Nubia Stella Martínez, directora del Centró Democrático, quien desde su cuenta de Twitter envío un mensaje contra Vicky Dávila. “Le deben pagar fajos en bolsas al mejor estilo de @petrogustavo”, trinó. Luego, explicó que había sido un colaborador suyo, Juan Camilo Montoya.

“Somos autores de lo que decimos y publicamos en Internet, de manera que debemos expresar nuestra opinión bajo preceptos de responsabilidad social, sin sobrepasar los límites de protección de los derechos humanos”, dijo Julián Páez Vargas, profesor de la Facultad de Derecho del alma mater.

Los comentarios fuera de lugar en redes sociales están sujetos a la tipificación que el Código Penal le da a la injuria, que actualmente tiene penas desde los 16 hasta los 54 meses de prisión y multas entre 13 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La calumnia, por su parte, puede generar hasta 72 meses de prisión.

De acuerdo con Vargas, no solo basta con borrar una publicación calumniosa o injuriosa de las redes sociales, esto incluso podría agravar el problema. “Primero, porque se está pretendiendo ocultar la prueba de la comisión de un delito; segundo, porque no es el mecanismo idóneo para solucionar el daño causado y, finalmente, porque, a pesar de nuestros esfuerzos, quedará la trazabilidad de lo que hacemos y no hacemos en Internet”, explicó. 

En el país, y en muchos otros del mundo, las redes sociales ya están sujetas a controles legales y constitucionales, sin embargo, según indicadores recientes de la Dijin y de Microsoft, Colombia es la tercera peor nación en comportamiento digital y en riesgos por Internet.

Es claro que los niveles de odio que se manejan en las redes sobrepasan muchas veces la claridad mental y conceptual de los interlocutores. No solo se han presentado los casos de Greiffeinstein, Ortíz o García. En las redes, habitualmente existen declaraciones de personajes públicos y privados que están por fuera de los estándares de respeto y civismo esperados en el debate público.

Vieja discusión

Esta discusión, al final, lleva al mismo lugar: ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión en línea y cómo deberían controlarse?, ¿el nivel de exigibilidad aumenta al tratarse de un servidor público? Y, ¿qué pasa con los ciudadanos?

Para comenzar, hay que dejar claro que en Colombia existe una clara tipificación penal sobre los delitos de injuria y calumnia, los más comunes en redes sociales. También hay que decir que la Superintendencia de Industria y Comercio le ha pedido a Facebook y Twitter que aclaren sus políticas para “controlar el odio” en sus plataformas, situación que la Corte Constitucional igualmente ha exigido.

Sherif Elsayad-Ali, experto en redes y director de “Partnership”, en declaraciones a Reuters, propone que, aclarado el marco legal y constitucional, vale la pena preguntarse qué se ha hecho a nivel de “moderación del contenido” y “educación de los usuarios”.

El reto en las redes sociales no solo es legal y constitucional. Es, ante todo, educativo. De una vez por todas hay que aprender que de cierto modo son una extensión de la vida real y, por ende, están sujetas a derechos y límites.