Entre las características de la modalidad de la guerra civil en el siglo XXI, es que no siempre las partes la declaran, sencillamente se la sufre, como algunos padecen las enfermedades que aún no les han sido diagnosticadas. Para muchas gentes con la mentalidad del siglo XIX, mientras no se cumpla ese formalismo no existe la tal guerra, como algunos ciegos en política que lo que no ven asumen que no existe. Los bandos ocultan la verdad a los medios y el público, dado que en ambos casos saben que la segura consecuencia de una guerra civil es la ruina del país, aún en el caso de guerras como la de Estados Unidos que libra el presidente Lincoln, para preservar la unidad nacional.
En Colombia la violencia de las bandas armadas del siglo XX en la periferia impidió que se hiciesen vías de penetración para incorporar esas ricas regiones al desarrollo, donde aterrorizaron la población, volaron las sedes de la Caja Agraria, lo mismo que las estaciones de policía, sembraron de coca las tierras y sacan clandestinamente el oro y los minerales estratégicos por décadas; consiguen desplazar a los campesinos de una zona a otra por extensas regiones y por si fuera poco, en La Habana, les entregan “oficialmente” los territorios donde actuaba cada frente dizque para cumplir sus penas.
Para colmo, ningún gobierno se compromete a sembrar ocho millones de hectáreas de bosque en combinación con el sector privado, que serían la redención de la periferia y del país, como lo hemos propuesto muchas veces. Proyecto que atraería el capital extranjero y el nativo. En tanto, el viejo programa geopolítico de la República del Sur, que desde el siglo XIX acarician algunos y en el XX las Farc, como otras fuerzas ilegales y terceros países, sigue adelante desde la semiclandestinidad. Los agentes de la subversión y la protesta han sitiado las poblaciones del sur, fomentan la lucha de clases y acorralan a los parroquianos de manera inmisericorde.
Lo anterior es de tal gravedad que los del paro y los agitadores consiguieran por más de 30 días paralizar el puerto de Buenaventura, con la anuencia de unos “negociadores” oficiales, sin el visto bueno del presidente de la República, Iván Duque. Aíslan varias vías e impiden la entrada y salida de mercancías, afectando la industria y el comercio. Las gentes pacíficas y de orden son sitiadas en sus casas y asaltadas en no pocos casos. Manipulan a los indígenas como marionetas sediciosas para perturbar el orden y destruir monumentos. Han probado los reflejos de la fuerza pública, bloquean las vías, incendian edificios oficiales y amedrentan sistemáticamente a la población civil, reducida su calidad de vida similar a la de un campo de concentración. No les importan los muertos, los heridos, las monumentales pérdidas económicas, ni la ruina general. Por ahora, los agentes de la subversión no lucen sus uniformes, camuflados logran su objetivo de amedrentar la población y ganarse en algunos casos a las autoridades locales, como fomentar la lucha de clases.
Pasada la sorpresa, de improviso el gobierno no tiene claro qué hacer, se le empañan los binoculares y casi no distingue al enemigo que se disfraza y se esconde entre la multitud. La Constitución faculta al gobernante para intervenir a los gobernadores en casos de defensa de la integridad nacional, por ende, las alcaldías. Esos terribles desafíos deben ser atacados de inmediato con medidas draconianas. Al contrario, el tiempo trascurre en cámara lenta y en estériles reuniones, mientras el país se deshace a pedazos.
Hasta que los responsables oficiales del orden descubran el tipo de enemigo que enfrentan seguirán dando golpes de ciegos. ¿Cómo calificar el atentado de Cúcuta, contra el ejército y los soldados de Estados Unidos? Es un acto brutal y premeditado de provocación y sin duda de terrorismo y guerra civil. Toda guerra civil suele ser fomentada por terceros, según establece la geopolítica. Esas condiciones de tercería se dan aquí y en la vecindad. Además, retumban tambores de guerra y en cualquier momento el conflicto se extiende por la región, puesto que es un hecho que las Farc y otros grupos subversivos combaten en el Estado Apure de Venezuela.