Los que estudian los antecedentes de las revoluciones saben que estas son precedidas de la subversión de los valores sociales. Esa subversión de los valores afecta el conjunto social y penetra la mentalidad de la Universidad donde se forman los abogados, lo mismo que se filtra en los organismos judiciales, culturales y políticos. 

En estos comentarios sobre el juicio político al expresidente Álvaro Uribe, destacamos la falta de objetividad y el sesgo perverso, que en algunos sectores de la justicia prevalece en su contra. Las acciones en defensa del orden y en contra de la subversión y los terroristas, que en sus dos mandatos ejerció su gobierno, son vistas por algunos profesionales del derecho como criminales. En tal caso, la frialdad e imparcialidad para juzgarlo brilla por su ausencia. Siendo Uribe un político de orden y un demócrata, dos veces presidente y que llevó de la mano a Juan Manuel Santos, como a Iván Duque al poder, se limita con sus abogados encabezados por el fino estratega Jaime Granados, a denunciar y rechazar la sala de magistrados que lo privan de manera injusta de la libertad. Sin romper con todo el aparato judicial. 

En el caso de Uribe es lo que se conoce como un juicio de connivencia, que busca saldar el asunto al sacarlo del sector de togados adversos, para seguir en los tribunales, en la Fiscalía o donde corresponda, con la esperanza que actúen en esa instancia de acuerdo a la ley, por lo que se debería ordenar su inmediata libertad. La juez de garantías, al parecer bien intencionada, ha procedido a dar una espera mientras lee el voluminoso expediente, así como observa un conflicto de competencia y le devuelve el caso a la misma Corte. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, en declaraciones a este diario estima que no se da conflicto de competencia y que el asunto será devuelto a la funcionaria para que decida. Otros versados juristas sostienen tesis divergentes. 

Estamos viendo cómo se incuba el juicio político contra Álvaro Uribe, con la apariencia de seguir el curso normal de los litigios judiciales. En tanto, someten a la tortura de la bicicleta judicial a uno de los más prestigiosos políticos de Colombia, que tiene la camisa de fuerza de estar con el sistema democrático, así el mismo en algunos sectores esté penetrado por togados cuya mentalidad es adversa al orden vigente. Lo que no quiere decir que todos, ni siquiera los que ordenan su detención sean agentes conscientes de la subversión.

En un famoso caso judicial, cuando el joven revolucionario Fidel Castro, organiza el asalto a la fortaleza del dictador cubano Fulgencio Batista, siendo capturado, y juzgado por los esbirros del sistema, denuncia a sus jueces, los inculpa, insulta su autoridad y termina afirmando: “la historia me absolverá”. Ese es uno de los más sonados ejemplos de juicios políticos en el siglo XX, en cuanto la famosa sentencia del hasta entonces audaz agitador, se cumple al triunfar la revolución cubana. 

La primera víctima del juicio político en Colombia fue el más ilustre de nuestros políticos y precursor de la Independencia, don Antonio Nariño. Y en este siglo XXI el estadista Álvaro Uribe. Muchos se preguntan y ¿cómo es eso posible?  La Carta de 1991 ha facilitado la subversión de los valores. La Corte Constitucional y otras instancias judiciales, so pretexto de desarrollar la Constitución, terminan otorgándose atribuciones que quebrantan la separación de poderes. La Sala Civil de la Corte Suprema acoge una tutela e intenta un golpe de Estado contra el presidente Iván Duque al asumir funciones del poder Ejecutivo e intervenir en los asuntos privativos de las Fuerzas Armadas y la Policía.