Mientras en Colombia se anestesiaba al pueblo sobre los términos de los acuerdos de paz, en medio de las especulaciones sobre si presentar las reformas al Congreso o en una Asamblea Constitucional, en La Habana se legislaba por cuenta de las Farc, el gobierno y los asesores internacionales de los primeros. Así se llegó “al mejor acuerdo posible” con los agentes de corte estalinista de las Farc, según lo expresó Humberto De la Calle-. En la medida que la opinión pública se entera del contenido de los “acuerdos”, la sorpresa y el disgusto es cada vez mayor. A espaldas de los colombianos se acordó un nuevo modelo de Estado y de “democracia”. 

Algunas de las propuestas habaneras son extravagantes y van en contravía de nuestra tradición jurídica, pactadas de estudios sesgados del devenir electoral actual, que en vez de mejorar el sistema podrían convertir lo electoral en un circo legalista plagado de inseguridad y con peligrosa autonomía para judicializar y manipular a su antojo las elecciones y sus resultados.  Nada se dice, por ahora, sobre la privatización que se ha venido haciendo del manejo electoral, al punto que los mismos privados que manejan los resultados en la Costa o en cualquiera otra región del país, envían los datos electorales y los reciben en Bogotá, según explican voceros de la Registraduría.  ¿Cómo, por qué y cuándo se privatiza el manejo electoral y los resultados de los comicios?  ¿Se piensa hacer un maquillaje y por dentro todo seguirá igual? Nadie responde por tan graves interrogantes, para esclarecer el trasfondo del mercado electoral y su pulcritud o las trampas que estarían minado la democracia.

La Misión Electoral Especial (MEE), que se crea por los legisladores ad hoc de las Farc y el Gobierno en La Habana, parte de un diagnóstico improvisado sobre la marcha para hacer un dictamen y proponer reformas, dizque para” modernizar y hacer más transparente el sistema electoral colombiano”. Lo primero, dicen, es fortalecer la institución electoral. Por lo que proponen, modificar la estructura actual de la misma. “Se creará el Consejo Electoral Colombiano que no será intervenido en su conformación por los partidos políticos y que, además, será una organización completamente autónoma tanto en su financiación como en su personalidad jurídica, lo que le permitirá tener una mayor presencia en los 32 departamentos del país”. Autoridad, que “a diferencia del actual Consejo Nacional Electoral, no tenga un origen netamente político”.

 Así que  desde La Habana se pactó copar el sistema electoral para tener en un puño, no solamente la justicia, sino ambos factores de poder, por lo que se crea una Corte Electoral que haría parte de la rama judicial. Ésta sería una súper corte en ese campo, que diría la última palabra, sin importar que el país ya sea uno de los que más cortes tiene en el mundo. No se toman en cuenta propuestas como la del  ex presidente Álvaro Uribe de volver a una sola Corte Suprema, que como es elemental, tendría una Sala Electoral; ni atienden propuestas como la de EL NUEVO SIGLO, en cuanto: “el más grave problema que tiene Colombia frente a la estructura de la democracia representativa es haber adoptado la circunscripción nacional para Senado. Esa decisión de la Constitución de 1991 ha sido, en buena medida, el motor de la corrupción política, de su costo incremental, de la rutinaria irresponsabilidad ante los electores y de la distorsión en los mecanismos de otorgamiento de las curules. Con ello se ha falseado la democracia y se ha deslegitimado el debate político mucho más allá de la recortada reforma que hoy se discute”.

El “senador nacional” fomenta un club vicioso y antidemocrático de aspirantes presidenciales,  con 132 senadores salidos de multimillonarias mini campañas presidenciales los cuales por compra, usufructo, negociación, canje o mermelada, con raras excepciones, consiguen los votos y la credencial.  Varios de esos senadores son una vergüenza nacional. No responden a ninguna ideología, repugna que su figuración en la política nacional sea comprada, negociada y sus votantes cómplices de ocasión. Esos vicios han degradado a los partidos tradicionales a la atonía espiritual, la corrupción, la crisis y la frustración. Eso explica el ominoso silencio conservador en el Congreso, rebajado a partido estribo del gobierno. Abolir ese sistema antidemocrático dignificaría la política, propiciaría un gran revolcón y cambio positivo. Incluso los barones regionales, respetables, se fortalecerían en su terruño, del cual volverían a ser los defensores de la doctrina,  el cambio y el bienestar nacional o sufrirían el voto castigo. Para salvar la democracia es preciso ir a una Constituyente y limpiar los establos del Congreso