“Benéfico para fuerzas que se lucran con corrupción”
Por estos días, mientras los conservadores en el Congreso guardan silencio, distinguidos comentaristas de otras tendencias, entre ellos Alfonso Gómez Méndez y Jaime Castro, se refieren a la elección popular de alcaldes que en su momento y durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, por iniciativa del jefe conservador Álvaro Gómez, aprobó el Congreso, en ese entonces de mayoría liberal. Allí se contó con la colaboración del propio Jaime Castro, quien era el ministro de Gobierno de Belisario. Gómez Méndez nos recuerda que esa reforma se hizo cuando aún estaba vigente la Carta de 1886, para el desmonte del “férreo régimen centralizador impuesto por la regeneración conservadora”. Afirmación que pasa por alto la filosofía del estadista Rafael Núñez, que concibe el Estado moderno en el país y cuya emblemática fórmula plantea la regeneración de las costumbres políticas, junto con la descentralización administrativa.
Es oportuno e interesante ir a la intervención y la argumentación del político conservador cuando hizo dicha propuesta. En ese entonces la votación y la participación popular había decaído en los municipios, por cuanto poco contaban en la política, dado que los alcaldes eran nombrados por el Presidente de turno y los gobernadores, dentro de un esquema de corte centralista, así se tuviesen en cuenta los méritos de los políticos regionales o de ciudadanos que se destacaban por sus virtudes cívicas. En los países que, por razones geográficas y políticas, tienden a la dispersión, la centralización es un gran avance, contra la eventual atomización e ineficacia administrativa. Lo cierto, y lo que muestran las estadísticas, es que los concejos municipales estaban en crisis. Lo que replantea Álvaro Gómez es el fortalecimiento de la vida municipal, en donde se deciden gran parte de los asuntos locales que competen a los ciudadanos del común. Como lo reconocen la mayoría de los expertos, su iniciativa encontró acogida nacional y produjo un gran cambio político en las ciudades, dando lugar a la aparición de nuevas y juveniles figuras políticas. Tal el caso de Andrés Pastrana en Bogotá, elegido popularmente, y de otros muchos personajes en distintas ciudades.
En su exposición de motivos para ilustrar su propuesta de elegir popularmente a los alcaldes, Álvaro Gómez les decía a sus colegas en el Congreso: “En Colombia, el poder presidencial es inmenso. Desde las épocas de Angostura y de la Constitución de Cúcuta hasta el presente, nuestro derecho público ha procurado, sin conseguirlo, un equilibrio, justo y conveniente entre las competencias de la institución presidencial y las que una sociedad democrática le otorga a sus miembros y a las agrupaciones que la libertad de asociación auspicia y protege¨.
“El Presidente de la Republica, en su condición de Jefe del Estado y de gobierno, nombre y renueva libremente Ministros, Gobernadores y Directores de todas las Agencias Públicas de carácter nacional. El Presidente coordina y dirige el proceso económico interno y es la única voz del país ante otros estados y ante los organismos internacionales. El Presidente puede dictar decretos con fuerza de Ley, declarar turbado el orden público y participar en todas las etapas del proceso legislativo. Le corresponde, además, velar para que en el territorio nacional exista pronta y cumplida justicia y mediante la elaboración de ternas, se vincula a la conformación del Ministerio Público. El Presidente, cualquiera que sea su filiación política, organiza vertical y horizontalmente la vida nacional”.
“El Partido Conservador, por convicción ideológica y por tradición histórica desde los albores de la vida republicana, ha sido un vigoroso defensor de la institución presidencial. En un país con una geografía dispersante, cuya cultura tiene las más diversas raíces y se elabora por complicados procesos regionales, la presidencia es el más noble factor de aglutinamiento de los colombianos”. Y recuerda que “desde el Fuero Juzgo y las Siete Partidas, en la vida y en el Derecho Español, el municipio representa la célula fundamental de la organización pública”.
Por lo anterior no es de poca monta que algunos legisladores inspirados en el modelo chavista y actuando al estilo colombiano, para trasgredir la disposición constitucional de la no reelección, propongan la idea leguleya de la prórroga de los mandatos locales. Lo que, entre otras cosas, sería mortal para el Centro Democrático, que ganó la Presidencia en coalición pero apenas tiene un gobernador, como en extremo benéfico para las fuerzas que se han lucrado con la corrupción municipal y regional. Es de reconocer que tras los grandes beneficios que trajo la reforma de Álvaro Gómez, los caciques locales con el tiempo se reorganizan, forman grupos de presión con concejales, alcaldes, personeros, contralores, gobernadores y algunos senadores, para montar las famosas maquinarias electorales de la corrupción. Álvaro Gómez, para superar ese cáncer en los municipios y las regiones, pensaba proponer una gran reforma administrativa, a la que me referiré en otra oportunidad.