En Cataluña y otras regiones de España los movimientos separatistas brotan por épocas, como los virus; en ocasiones por razonable descontento y en otras por mezquinos intereses políticos y lugareños. En el caso catalán, en el pasado siglo nunca tuvo los fueros de una región política independiente, como aducen los actuales gobernantes regionales. Sobre los jefes del movimiento segregacionista se tejen numerosas sospechas y evidencias sobre malos manejos del erario público. Persigue al presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, la investigación judicial por la apropiación fraudulenta de dineros públicos en la Compañía de Aguas cuando era alcalde de Gerona. El político investigado alega que se trata de una persecución política.
Entre los caciques más corruptos y que se han enriquecido con dineros mal habidos se cuentan los Pujol, que por décadas ejercen perverso poder en Cataluña. Puigdemont, es admirador de ese clan que acumuló tanto poder y dinero, sus íntimos dicen que aspira a superarlos. Gran parte de esos fondos mal habidos engordan las alforjas de los políticos corruptos sin que esa sea la única razón para capitanear la ruptura de España. Puigdemont, pese al protagonismo sedicioso, no deja de ser un político gris, con un curioso parecido a uno de los personajes de los tres chiflados, que en vez de salir en las tiras cómicas pretende un lugar en la historia.
La Constitución española le da facultades en exceso al gobierno autónomo y se requiere de un gobierno central fuerte y decidido para conseguir torcer el brazo a los alborotadores, que siendo en algunos casos de una derecha nacionalista y localista, no vacilan en aliarse con los agentes del caos para conseguir sus fines.
Rajoy se esfuerza con cautela por conseguir consensos en una España sensible a flor de piel a los excesos y las demostraciones de fuerza, así sean las del propio gobierno democrático elegido por el pueblo.
Es complejo gobernar un país en tales condiciones, cuando como lo denuncia el Rey Felipe VI, las autoridades de Cataluña: “han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas”. Con su conducta irresponsable ponen en peligro la estabilidad de la democracia y de la economía española: “se trata de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones democráticas de Cataluña. Esas autoridades de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia”. El bizarro llamado del Rey Felipe VI, llega como firme apoyo al gobierno de Mariano Rajoy, para que emplee “en dicha situación de extrema gravedad” todos los recursos legales del Estado para conjurar la crisis.
La comunidad internacional, la Unión Europea, las grandes potencias y la mayoría del pueblo, apoyan la unidad de España, al igual que rechazan el asalto golpista y la farsa electoral, que, al estilo de las republiquitas bananeras, obtuvo un resultado electoral que en varios centros de votación supera el número de papeletas del censo oficial. Lo que demuestra el despropósito del oficialismo regional que desestima la legalidad cuando le conviene y pretende convertir a la mayoría de catalanes que están por la unidad de España, en parias en su propio terruño. El gobierno de Rajoy, sin vacilaciones y con la prudencia que lo caracteriza, debe proceder a emplear todos los recursos a su alcance, para retornar al orden constitucional y el Estado de derecho, pisoteados por el señor Puigdemont, y sus cómplices. Es positiva la intervención del Parlament local en Barcelona.
El Parlamento español tiene la palabra para contener la sedición y los agentes del desorden que emergen en España. Se le da largas a la resolución de los conflictos políticos sin tocar a cuantos por oportunismo de la peor laya apoyan a los separatistas de Cataluña. Se habla y se repite todos los días de la opción de apelar al artículo 155 de la Constitución, que requiere de mayoría en el Senado, donde Rajoy cuenta con la misma. ¿Qué esperan? Deberían estar interviniendo en Cataluña, de ser preciso con el apoyo de los soldados en las calles. La unidad nacional no siempre se mantiene con el verbo y las buenas intenciones, en ocasiones frente a los grupos exaltados es preciso recurrir a la espada.
El orden y el desorden social se mantienen en lucha permanente a través de siglos. Restablecer la legitimidad ha sido ser el reto de las derechas en todos los tiempos. Se debe convocar a elecciones generales por la unidad monolítica de España y la reforma de la Carta Política, para extirpar el cáncer sedicioso al facilitar una salida a la crisis, que fatalmente perturba la economía.