Los colombianos padecemos los efectos de grandes equivocaciones que cometimos en el pasado, en particular cuando en 1991 nos dimos una Constitución que debilitó el Estado que habíamos heredado de la magna obra reformista de Rafael Núñez. En esa oportunidad, el entonces presidente Cesar Gaviria, convoca a demoler la ley de leyes y para el efecto se movilizan algunos estudiantes bajo la batuta de Fernando Carrillo, actual procurador, con el reclamo de la séptima papeleta que nunca se contabilizó. Dentro de su credo liberal, el entonces ministro de gobierno Humberto de la Calle, defiéndela propuesta. La Corte Suprema de esos días aciagos prevarica y aprueba que se viole la Constitución, lo que se facilita con algo de mantequilla.
En general, los dirigentes de los dos partidos históricos se inclinan por ir a una constituyente. Pese a que por la operación avispa que organiza Horacio Serpa, Alfonso López Michelsen, no acepta encabezar ninguna lista. En el caso conservador Álvaro Gómez Hurtado, me explica a raíz de un artículo que publique en El Tiempo en contra de la constituyente con pretensiones de incendiar el templo de la Regeneración, que estaba de acuerdo conmigo en cuanto a que la Constitución de 1886 no impide gobernar y tiene un historial centenario de orden benéfico para el país, puesto que los males están en los hombres y no en las leyes. Más él entiende que si los conservadores no participan en esa Constituyente, ya en marcha, la cosa puede ser peor para las fuerzas de orden. Por tal razón decide participar en la contienda electoral por la constituyente con el Movimiento de Salvación Nacional, en defensa de principios irrenunciables y de algunas ideas de cambio. El M-19 lanza sus propias listas y consigue la primera votación, seguido de Salvación Nacional, los liberales y el conservatismo que acompaña al expresidente Misael Pastrana.
En esa constituyente Álvaro Gómez estuvo en minoría frente a la alianza que se gesta entre el M-19 de Navarro, y el liberalismo de Serpa, más el gobierno de Cesar Gaviria, pese a lo cual consigue defender la condición de los alcaldes elegidos popularmente, la creación de la Fiscalía general de la Nación, el fortalecimiento de la justicia y, muy en particular, el Plan Nacional de Desarrollo. Un verdadero plan macro concebido para derrotar el atraso secular en el 70 por ciento del territorio nacional, con vías de penetración para volverlo productivo, no un catálogo de peticiones parlamentarias desarticuladas y algunas con doble intención. Cada constituyente negocia su articulito y aprueba otros, se da el caso que con esa Constitución puede imperar el neoliberalismo o el socialismo sin violarla. Es una constitución de doble faz.
Navarro es tentado por Cesar Gaviria y López Michelsen con un ministerio, una lotería y otras ventajas para su grupo, por lo que se allana a defenestrar a Álvaro Gómez, en el sentido de prohibir que el constituyente pudiese participar en las siguientes elecciones. Lo mismo que algunas propuestas de Álvaro Gómez para fortalecer el Estado no encuentran eco.
La Carta de 1991 contiene algunos artículos de la de 1886, que Raimundo Emiliani se sabía de memoria, pero en su esencia tiende a parecerse más a la Constitución de Rionegro. Claro, comparada con lo que habría sido ese cónclave político sin Álvaro, resultó menos mala de lo pronosticado.
El Ejecutivo se debilita, el exceso de cortes afecta el buen ejercicio de la justicia viciado por la tutela contra sentencias. La creación de la Corte Constitucional, propia de un régimen parlamentario, con sus 9 magistrados recuerda el gobierno de los jueces o de los 9 arcontes que intentan sofocar en su nacimiento la democracia griega. Aquí los magistrados legislan, contra lo dispuesto en la Carta de 1991. Esos fenómenos tienen el sistema judicial de cabeza.
Ya sufrimos en la Colonia el gobierno desastroso de los jueces durante la Real Audiencia, que la corona modifica al conocer el desdoro con el que procedían esos magistrados. Hoy tenemos un exceso de cortes y de magistrados, todo lo cual a pesar que algunos son de una sabiduría jurídica y condición humana insobornables, se presentan casos deplorables que afectan su gestión.
Es preciso volver al espíritu constructivo y positivo de la Carta de 1886, fortalecer el Ejecutivo, lo mismo que el Legislativo y al poder Judicial, por medio de la consulta al constituyente primario, para restablecer el orden. Los males que trajo la aplicación de la Carta de 1991, conducen al tobogán del caos, con la minga extendida a todas las actividades desestabilizadoras, anárquicas y revolucionarias. Aún es tiempo de detener la caída al abismo.
Nota: Circula pulcramente editado el libro de Jaime Piedrahita Cardona, sobre las razones de la reforma agraria y la crisis que se profundiza en los campos. Un texto polémico editado por Cuéllar Editores.