La Constitución de 1991 consagra la democracia de partidos y movimientos políticos, para lo cual dispuso que dichas agrupaciones deberían tener personería jurídica, celebrar convenciones, conformar legalmente sus directivas, registrar sus gastos, acreditar a sus miembros, otorgar avales; recibir los dineros de la reposición electoral según los votos que se obtengan en las elecciones. Lo que significa que los que están por fuera de los partidos ejercen apenas un influjo político simbólico... Sabemos que las cuentas de los partidos se falsifican, que por debajo de la mesa se reparten grandes sumas de dinero para sobornar la opinión.

La anterior circunstancia produjo un gran cambio en la mecánica política nacional, dado que se rebajaron las ideas y propuestas que agitan la vida de los partidos, al pesar más los negocios, los movimientos de dinero, los contratos, la venta de los avales y aún la puja de los cargos públicos.

La elección popular de alcaldes promovida por Álvaro Gómez fue para  resucitar la democracia en los concejos, dado que el electorado estaba hastiado de los feudos podridos y se debían modernizar las urbes. Se trataba de limpiar un tanto la política y atraer elementos con representatividad cívica para que participaran y renovaran la representación popular, al igual que rescatar los concejos de la mediocridad en la que habían caído y el poco interés que suscitaban entre los electores, a sabiendas que allí se decide gran parte de la democracia real de un país.

En principio, esa reforma produjo un cambio sustancial en las relaciones entre la población, los partidos políticos y sus representantes locales. Surgieron dirigentes cívicos de toda laya, los ciudadanos colaboraban con las autoridades y se estableció un dialogo social constructivo,  los concejos revivieron y se produjeron cambios positivos en el ámbito local, junto con el renacer colectivo del civismo. Más al poco tiempo, varios de los “senadores nacionales” en combinación con las maquinarías políticas enquistadas en los feudos podridos se apoderaron de nuevo de los concejos y forjaron una alianza nefasta para mantener el oscuro predominio electoral, que abarcó también a los gobernadores de elección popular, lo que da al traste con los positivos efectos de las reformas políticas que se habían aprobado en sentido contrario. La suma de estas componendas electorales y otros factores decadentes determinan que el costo de la política se multiplique por mil y que participar se volviese negocio de potentados. El eufemismo de los “senadores nacionales” ha sido un error monumental y catastrófico de los imitadores de Solón.  Apenas una Constituyente podrá superar el entuerto y depurar la democracia local.

Eliminar los “senadores nacionales”, que les niegan la representación popular a varios departamentos, ha resultado imposible. Cada elección al Senado cuesta lo mismo que una mini campaña presidencial. Así que los empresarios piratas, los contratistas corruptos, los negociantes sin escrúpulos, los grupos fuera de la ley son los principales financistas de esas elecciones, junto con los aportes de los mismos partidos y los empresarios y comerciantes que se mueven en la legalidad. Las senaturias nacionales son un cáncer que carcome las entrañas mismas del sistema democrático, así no todos los senadores sean corruptos y a unos pocos los distinga la más respetable representatividad. Aquí se pervierte la idea de democracia al feriar los cargos de elección popular al Congreso, las Asambleas, los Concejos o la Presidencia de la República. Por eso, tales instituciones se están degradando a marchas forzadas y se debilita el sistema al punto de permitir que las Farc y los negociadores oficiales legislasen en La Habana, arropados subversivos y burócratas de pacifistas.

Estos factores perversos de la mecánica política la degradan en grado sumo. En el caso conservador y pese a tener un equipo parlamentario de los más experimentados y elocuentes, hibernan una legislatura tras otra, puesto que la política no se hace con ideas sino con plata, con puestos oficiales, componendas, contratos y mermelada o silencios cómplices. La ausencia del conservatismo, con pocas excepciones, en defensa de nuestras tradiciones y el orden, abre un boquete por el cual crece el asalto izquierdista contra el sistema. El letargo conservador facilitó el triunfo diplomático de las Farc en La Habana por la virtual capitulación de los negociadores oficiales. Al conservatismo le correspondía defender la pura doctrina y los valores esenciales de nuestra sociedad, pero  prefirió el letargo. Otras fuerzas políticas llenan tal vacío. Asesinado Álvaro Gómez, no se mueven tesis fundamentales en el conservatismo. Claro, que, como advierte Heidegger “no piensa el que quiere, sino el que puede”.