Casi todas las constituciones de Occidente fundamentan la existencia misma de la democracia en la pureza del sufragio universal, incluso la de Colombia va más lejos y nombra un tribunal especial de inspiración Bolivariana para crear una institución que se consagre a defender ese derecho en la práctica, que es el Consejo Electoral, fuera de la función misma que le corresponde a la Registraduría. Sin elecciones limpias la democracia se convierte en una farsa. Por lo mismo, el fantasma del “chocorazo” tiene en vilo la respetabilidad de nuestra tambaleante democracia.

En otros tiempos, como en otros países, cuando las instancias civiles se corrompían quedaba la posibilidad de que a la democracia la salvara el pronunciamiento de un pelotón de soldados, que actuaba temporalmente para restablecerla, digamos que a la romana. En Colombia tenemos la Fuerza Armada más respetuosa del sistema democrático, por lo que no se plantea una situación como la que vivieron las democracias del Cono Sur el siglo pasado. En Prusia se decía que tras todo civil había un militar en potencia, aquí tras todo militar se da la nostalgia de vestir el traje civil e incorporarse al sistema, incluso por la vía electoral. En un país donde se deja de enseñar la cívica y la historia, quedó atrás el servicio militar obligatoria, que era la mejor escuela de patriotismo y de respeto a las leyes que impartían nuestros militares a los jóvenes conscriptos. En otras naciones, en el último cuarto de hora cuando la patria es amenazada por los violentos o los pirómanos de la política, un pronunciamiento militar podía salvar el orden. Aquí el civilismo de nuestros valientes soldados es tal, que eso no tiene ninguna posibilidad.

Hoy tenemos que la respetabilidad y credibilidad de la democracia peligran, todos sabíamos que el fraude y la compra de votos operaban en gran parte del país, más quedaba alguna tenue sospecha sobre lo que pasaba en el interior de la Registraduría, cuando se maneja el conteo, transporte y reconteos de los votos y de los formularios, las cosas se enderezaban, y los casos de fraude dentro de la Registraduría eran la excepción y a veces falsa leyenda de los que no salieron elegidos. Por lo mismo, el caso de gravísima duda sobre los intereses oscuros que supuestamente se mueven tras la empresa Indra, que, entre otras cosas, no es nueva en Colombia y la vinculan a resonantes casos de fraude en otros países, expertos en el tema recuerdan que lleva trabajando en el país 10 años de manera regular y pobres resultados, en el proceso de divulgación. Lo que más levanta las sospechas sobre Indra, en estos momentos, es que el contrato multimillonario que recibió fue deliberadamente amañado, puesto que los requisitos que se le pidieron son los mismos que un sastre le pediría a su cliente para hacerle un traje a la medida, en este caso para otorgarlo a media noche y en un día de fiesta. Eso es lo que más indigna a los colombianos bien informados.

Llama la atención a muchos colombianos y observadores extranjeros la vulnerabilidad del sistema político e institucional de nuestro país, con la proclamación de todos los derechos humanos en la Carta de 1991, se quedó en gran parte en letra muerta para la generalidad de los nativos y, de cuando en vez, sirve para proteger a los enemigos del sistema o subversivos, cuyos abogados exigen toda suerte de garantías cuando son detenidos. Cuando bastaba un solo artículo que dijera se consagra el respeto a los derechos humanos y los que dispone el código de principios de la ONU.

Por si fuera poco, la Corte Constitucional, por cuenta de intromisión de la política partidista en algunos de sus miembros, cada cierto tiempo se lanza a legislar y dizque a seguir a los más avanzados de los países europeos, al punto que ofenden la doctrina cristiana de la mayoría de los colombianos, al consagrar la eliminación de los bebés indefensos que están en el vientre materno hasta los seis meses. Siendo la maternidad el más noble de los estados por los que puede pasar una mujer y el derecho a la vida sagrado en lo religioso, como inviolable en la ley civil. Si magistrados respetables, expertos en derecho, se pasan la división de poderes por la faja al autorizar que a la más indefensa de las criaturas se le elimine, ¿qué se puede esperar de otras instancias? Por supuesto, por esa vía se debilita el sistema institucional y se pone en duda el buen juicio de los jueces.