El gobierno de Gustavo Petro, pese a tener una coalición con distintas fuerzas de izquierda y con los dos partidos tradicionales, conservadores y liberales, intenta fomentar el travestismo político. En el pasado, Don Miguel Antonio Caro, señalaba: no se hacen reformas católicas con obispos protestantes. Por lo que hemos visto, en el seno del gobierno les piden a los ministros que opinen sobre el proyecto socialista de la ministra Corcho y el exministro de salud, Alejandro Gaviria, conocedor del tema, presenta un informe mesurado al respecto, en el cual muestra algunas de las falencias, contradicciones y errores del proyecto. Además, como conocedor de los beneficios del sistema actual, es apenas lógico que rechace un proyecto retrogrado a la cubana. 

Lo normal en un gobierno de coalición es que de un proyecto y otras iniciativas de distintos ministros se busque el consenso. Más como dice el presidente del Senado, Roy Barreras, la señora Corcho está ideologizada. Es decir, maneja una cartilla de propaganda socialista. Fuera de eso, en las distintas crisis el presidente apoya al sector radical y saca a los funcionarios moderados. Eso pasó con varios funcionarios en el ministerio de Minas y ahora con Alejandro Gaviria. 

El proyecto Corcho crea numerosas instancias y burocracia, que en algunos casos podrían politizarse y decidir si atienden a las personas, cómo y en dónde. La libertad individual consagrada en la Constitución quedaría en veremos por cuenta del socialismo. Los gastos que supone el nuevo sistema son gigantescos y no se sabe de dónde saldrán, lo que contradice de entrada la voluntad del ministro José Antonio Ocampo de hacer cumplir la regla fiscal. Se corre el riesgo que los burócratas consuman los fondos destinados a especialistas y médicos, sin que se aclare cómo se manejará el tema tecnológico. A sabiendas que construir elefantes blancos en la periferia, donde no existe en verdadero ejercicio de la soberanía estatal sería absurdo. 

Los asesores jurídicos del gobierno pretenden desconocer que estamos en el caso de tramitar por la vía ordinaria una ley estatutaria, lo que a todas luces es inconstitucional.  Por supuesto, esto crea una situación de emergencia en las cortes, que están en estado de alerta y no se van a dejar desconocer ni arrinconar por los rábulas oficiales.  La salud es un derecho fundamental y las cortes no pueden permitir que se desconozcan sus competencias y funciones en defensa del orden jurídico. 

El sistema socialista o arbitrario pretende negarles a los clientes del sector la posibilidad de ejercer la libertad de escoger y decidir a dónde acudir. Condenaría a los ciudadanos a un modelo burocrático Kafkiano, sometido a las arbitrariedades de las CAPS, que por su zona de residencia le corresponda al ciudadano. El editorial de EL NUEVO SIGLO del 20 de febrero es esclarecedor en cuanto a la jurisprudencia constitucional atinente y al señalar que el gobierno yerra de antemano en cuanto a pretender que se trata de una ley ordinaria. 

Lo cierto es que el proyecto de la señora Corcho fusila las EPS, las que, entre otras cosas, no ganan sino el 1% en la actualidad. A cambio de un sistema burocrático peligroso y muy posiblemente ruinoso, que con el tiempo se haría insostenible por estar mal calculado y mal concebido. 

Lo que más llama la atención del público es que el gobierno pretenda demoler lo que funciona bien, por ensayar formulas socialistas fracasadas en otras partes. El afán estatista y burocrático es evidente y pernicioso. Fuera de eso, muy seguramente, se pretende rellenar de burocracia el sector salud en asocio de gobernadores y alcaldes, a sabiendas que eso es lo peor para las finanzas públicas y la eficacia mínima que deben tener los servidores de la salud. 

Con este atentado a las entidades de la salud y hacerlas perder millones y billones de pesos, es elemental suponer que vendrán multimillonarias demandas por cuenta de las entidades y personas afectadas.