Por cuenta de la diplomacia secreta que celebró en La Habana un Acuerdo de paz a espaldas de la nación, se mantiene en vilo el sistema democrático y se atenta contra el Estado de Derecho desde las altas esferas oficiales en combinación con los agentes de la Farc. La sociedad se encuentra perturbada y perpleja, al conocer con los hechos cumplidos de los acordado en Cuba, que pretenden debilitar la organización política de Colombia y lanzar por la borda el conjunto de normas que rigen la ley y el comportamiento de la sociedad civilizada. En un país donde en las zonas de la periferia se venden las armas a discreción de la clientela violenta y donde abundan las caletas de las Farc, impera la ley del más fuerte y las organizaciones criminales intimida a la población, por lo que aceptar que en esos lugares estratégicos donde predominan, dizque se les entreguen unas curules a las víctimas no pasa de ser una burla contra las mismas y una mascarada sin par. Allí ninguna víctima podrá hacer campaña libre y limpia, sometidos a la presión de los violentos, que imponen su voluntad. En los lugares donde no existe la libertad, ni impera la justicia ni las instituciones de la democracia, sino el poder de los antiguos agentes de la muerte, persiste el temor y el pueblo sobrevive en medio de la frustración y el pánico.

Cuando un gobierno apela a recursos como el fast track, donde desde la fundación de la República existen normas clarísimas para reformar la Constitución, dentro de esquemas de tiempo y de responsabilidad política clarísimos, introducir el desorden y el abuso intempestivo de mecanismos que no atienden debidamente a la importancia del asunto y las consecuencias constitucionales respectivas, es cometer un grave atentado contra la sociedad. Se está desquiciando el sistema con normas al romper con la tradición jurídica colombiana.  Como se recuerda, el denominado Estado de Derecho se gestó para contener el abuso del absolutismo en Europa y para lograr que se gobierne según normas aprobadas debidamente por los representantes del pueblo acreditados en el congreso y asambleas, previo su publicación en la gaceta oficial. Se trata de que la sociedad atienda leyes preexistentes y con el mismo objetivo se establece la división de poderes, que en Colombia está en crisis por cuenta de los compromisos oficiales en la negociación con las Farc.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, como era su deber respeta la Constitución y reconoce que el informe del secretario-notario del Senado, es correcto y que por tanto el proyecto oficial sobre las circunscripciones de paz se hunde en la tormentos noche del 30 de noviembre. El Gobierno en vez de respetar la decisión del Congreso, en forma desfachatada resuelve acudir al Consejo de Estado, sin importarle que de otra parte en la conciliación de las cámaras, también hubiera sido derrotado dicho proyecto. Y pretendió cambiar, sobre la marcha,  las reglas de juego del mismo del Congreso, siendo éste otro atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes.

Frente a semejante afrenta al Congreso y desprecio por la mayoría de los colombianos que votaron en  el plebiscito contra el proyecto e hicieron posible que ganara el No, la única salida posible es que en todo el país se organicen marchas de protesta contra el intento despótico. La sociedad civil debe salir a las calles. Todos los partidos y organizaciones sociales democráticas deben protestar contra el abuso antidemocrático oficial.

Los colombianos, casi que de manera unánime estamos por la paz, entendemos las concesiones que se  hacen a los violentos por conseguir un acuerdo pacífico, sin que por eso se degraden todas las normas y se entregue a pedazos el poder.  Las ventajas que los negociadores oficiales les otorgan a los de las Farc ponen en peligro el futuro de la democracia y se convierten en una amenaza para la sociedad civil.

La debilidad del Gobierno al final de su gestión, con el sol a la espalda, lo convierte en un prisionero de las Farc y de los antiguos agentes de la subversión. Con mayor razón la sociedad debe reaccionar y salir a las calles. Los colombianos debemos mostrar al mundo que no somos un rebaño que se lleva sin chistar al matadero. La defensa de la democracia y la justicia deben ser las banderas para salir a marchar y defender nuestros principios. No somos un país paria e imbécil, sino una nación con una gran cultura política y valores democráticos. Es preciso demostrar a Santos que no gobierna un pueblo de borregos, sino a Colombia.