“El país quiere una reforma de fondo a la justicia”

El prestigioso jurista y erudito Armando Yépez Archila, que es obligado consultor de los gobiernos cuando se trata de reformas a la justicia y otros temas delicados, desde El Tiempo hace un vuelo rasante sobre la propuesta de reforma de la justicia de la señora ministra Margarita Cabello Blanco, y aporta unos cuantos comentarios de fondo, que han tenido repercusión en los medios judiciales y en la sociedad en general.

Es de anotar que el análisis no se queda en el saludo usual a la bandera, sino que con bisturí de cirujano disecciona la iniciativa. Es posible que el proyecto del Ministerio tratara de contemporizar con otras iniciativas anteriores, por lo que al experto le pareció que se trataba más de un esfuerzo de reciclaje que de una reforma de fondo como la que reclama la honda crisis de la justicia, que pareciera que no es tampoco ventila de la iniciativa oficial. A veces por tratar de conciliar con las diversas propuestas precedentes los proyectos se diluyen en lugares comunes, pese a que es conocido el interés de la exmagistrada y hoy ministra por ir al fondo del tema.

Por lo cual el analista sostiene que: “solo extremando la indulgencia llega uno a aceptar que el conjunto de propuestas relativas al poder judicial puede ser tomadas como un proyecto de reforma de la justicia. Puesto que se trata de un informe agregado de iniciativas carentes de relevancia, profundidad, visión unitaria y equipamiento técnico y concepción de conjunto que necesita para tener ese carácter”.

Lo que le parece más grave al jurista Yépez es la “total ausencia de un concepto de Estado, ni idea de administrar la convivencia ciudadana como cometido esencial suyo que aquel concreta a través de la jurisdicción”.

Y agrega, “lo peor es que se muestra exento de justicia de la crisis más destructiva que poder alguno del Estado hay sufrido jamás, pues si bien ahonda en la solución de muchos de los problemas que no tenemos, ignora olímpicamente los que nos afligen”.

Rechaza la posibilidad de considerar que la crisis de la justicia se deba a que unos exmagistrados y expresidentes de las Cortes hayan sido sorprendidos bailando al son de la corrupción, ni que un tiempo, unos cuatro años más de estos agentes de la lenidad en las altas instancias judiciales, pueda tener algún asidero que lo justifique. “Se trata de un conjunto de derrelictos recogidos de anteriores naufragios por lo que sería mejor, quizás fruto de la creatividad inexperta”, sostiene.

Sin duda que si se trataba de una reforma de fondo, que es lo que reclama la sociedad y se espera del Gobierno, se consiguió el efecto contrario. Puesto que lo que la sociedad reclama son medidas de fondo para mejorar la eficacia y la capacidad punitiva del Estado. Es de suponer que objeciones como la que comentamos lleven a una reflexión oficial sobre la inmensa responsabilidad de restaurar la justicia en Colombia.

Y es del caso plantear en cuanto a la eficacia de la justicia, que, entre otras cosas, con el juicio oral, que se pensó era una gran alternativa para salir del túnel de la inoperancia judicial y la demora de los juicios y el laberinto de instancias, no se ha conseguido el objetivo. El atraso de la justicia sigue. La oralidad afecta tanto a la defensa como a los fiscales, lo que perjudica en muchísimos casos a los sindicados que carecen de recursos y se ven avasallados por un sistema que privilegia a los poderosos, que son los que mejor emplean sus recursos económicos para ganar los pleitos.

En nuestro sistema de oralidad, me comentan algunos fiscales abarrotados de casos, lo mismo que abogados defensores, se vulnera la capacidad de argumentación de las partes, principalmente de los defensores, puesto que la argumentación se relega de manera arbitraria, siendo ese el punto clave de los grandes litigantes. Por falta de la debida argumentación de la defensa, cada vez son más los casos sonados en los cuales se condena a inocentes, lo mismo que por falta de recursos para un buen abogado defensor.

Además, en medio de esta crisis de la justicia, en contravía de la tradición jurídica colombiana, se aceptó la tutela contra sentencia en firme, lo que deriva en un galimatías judicial y en numerosos y aberrantes casos de impunidad. Por lo que no terminan los procesos y la justicia y sus recursos se afectan por la inoperancia del sistema.

Tema para otro análisis sería el de reducir las cortes por cuanto en un sistema presidencialista como el colombiano no se justifica una Corte Constitucional, que es más propia del sistema parlamentario. Además, el exceso de Cortes e instancias judiciales, lo que hace es empantanar más el sistema, agravar la crisis del Estado y afectar a los ciudadanos que acuden a los tribunales.