Por estos días de guerra de alta tecnología y sofisticados misiles entre Rusia y Ucrania, la larvada guerra civil en Colombia, pasa a segundo plano, con sus continuos asesinatos, atentados y atrocidades de toda índole, apenas la siguen los candidatos en apariencia sin mucho interés.

Hace unos años el expresidente Álvaro Uribe Vélez convocaba a los electores a respaldar la guerra contra las Farc y conseguía por dos veces consecutivas las más altas votaciones. Para su primer mandato presidencial, Juan Manuel Santos, tocó a somaten para que la tribu le siguiese y ganó las elecciones. Para después apostar a la negociación con las Frac en La Habana, las que consiguieron en la mesa de negociaciones la impunidad que no habían alcanzado en el conflicto armado y toda suerte de ventajas, incluso la de ser senadores sin conseguir los votos para serlo.

El plebiscito convocado por el gobierno para conocer la voluntad del pueblo colombiano sobre las negociaciones de paz, lo derrotamos en su momento. En cuanto, algunos consideramos que, de darle más ventajas y amnistías a los subversivos, invitaba a que otros grupos siguiesen el ejemplo de apelar a la lucha amada. Lo que en efecto ocurrió.  En tanto, consideramos que ese tipo de negociaciones cuando el gobierno es débil terminan en una capitulación. Eso ha pasado varias veces en Colombia. 

Sin que por lo anterior condenemos a los gobernantes que buscan la paz por medio de la negociación, esa parece ser la única salida cuando no se logra por la vía militar la derrota de los alzados en armas. Eso se aplica al entonces presidente Belisario Betancur, que negocia con los del M-19, los cuales interpretan su voluntad de paz como una debilidad, por lo que deciden tomar por asalto el Palacio de Justicia, en donde encuentra la muerte varios magistrados, incluso el que más había ayudado a avanzar en el proceso de paz con los subversivos. Si los ultras de la guerra no hubiesen malinterpretado al gobernante, al punto de pretender hacerle un juicio público mientras tenían a los magistrados de rehenes, quizá habría conseguido cristalizar su voluntad de paz, que, entre otras cosas, está consignada en nuestras leyes, siendo uno de los principales deberes del gobierno.

A partir de entonces, después del secuestro y liberación del estadista Álvaro Gómez, se negocia con los del M-19 hasta llegar, en el gobierno de César Gaviria, a la famosa convocatoria a la Constituyente. En esa Asamblea participa el destacado jefe político, en la seguridad de cumplir un deber para con su pueblo en tanto que si no participaba se podía derivar en un tribunal revolucionario. Pocos analistas se dan cuenta que entonces estuvimos al borde del abismo, tan pronto cierran el Congreso se daba la posibilidad de la alianza entre Horacio Serpa y el M-19. La presencia del estadista colombiano en ese foro impidió que el país derivara a la revolución. Eso está consignado en un ensayo que titulé “Colombia Irredenta” según conversaciones que mantuvimos sobre el tema. Allí escribí cómo el pacto entre el gobierno y el M-19 inhabilita al doctor Gómez para presentarse en las siguientes elecciones como candidato presidencial, por lo que sale al exilio diplomático. Lo que importa para la historia es que su presencia en la Constituyente, con otros distinguidos defensores del orden, impidió que derivásemos en la revolución y la anarquía. Quizá ese fue uno de los más grandes servicios que le prestó a Colombia.

Lo que el gran público ignora es que el estadista colombiano, cuando estaba en su lucha contra el Régimen, acariciaba el proyecto de reformar la Carta de 1991, con la idea de rescatar los valores de orden de 1886 que habían garantizado reestructurar el Estado en el país, en medio de enormes conflictos, guerras e incluso de la pérdida de Panamá. Ese entusiasmo que proyectaba con su catarata de propuestas para reformar la Carta de 1991, muy seguramente irritó sobremanera a sus enemigos, que siempre estuvieron por un Estado débil, para poder asaltarlo a su acomodo.

Ese tema debe ser tratado por la derecha y el centro en Colombia, como por las demás fuerzas política, por cuanto es preciso fortalecer el Estado para cerrar por siempre las puertas a los violentos, así como para lograr lo que Gómez Hurtado denominó Acuerdo sobre lo Fundamental, con el candidato que consiga el consenso en estas elecciones.