La imparcialidad de los magistrados se empaña con la politización de la justicia y la persecución contra Álvaro Uribe, que enlodan nuestra democracia. Suena a moneda falsa que Uribe denuncie al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema por la supuesta relación y eventual presión a varios testigos, y éste termine absuelto y se abra investigación al denunciante. Se entiende que en controvertida investigación no encuentren méritos para condenarlo, lo que es inaudito es que las autoridades sin pruebas se vuelvan contra el acusador.

Menos se explica que algún comentarista critique a Uribe y a sus abogados por denunciar en una Corte hostil a Cepeda. Eso ya linda con lo absurdo. Así la Corte Suprema o tres de sus magistrados, tomen la determinación de llamar a indagatoria a Uribe, es un riesgo que debe correrse, puesto que es factible en tal caso recusar a los jueces. Es preciso respetar y creer en la justicia colombiana, hasta donde sea humanamente razonable pero lo que queda en duda es si los jueces se mueven bajo sugestiones políticas y no en estricto derecho.

No es lo mismo juzgar a Álvaro Uribe, que “ajusticiarlo”. No es normal negar una versión libre sobre hechos confusos, testimonios y grabaciones contradictorias, hasta llegar a la controvertida indagatoria. Es irrazonable que desde los altos tribunales se pretenda “linchar” al expresidente Uribe, senador más votado del Congreso, dirigente durante ocho años de la oposición, estratega de la victoria que consagró el rechazo popular a los acuerdos habaneros, la pública condena la capitulación del Estado y quién capitanea el triunfo electoral de Iván Duque. Como tampoco se explica que los jerarcas  de la coalición con el Centro Democrático, los expresidentes y los más representativos de la misma guarden silencio, a sabiendas de que se busca defenestrar a Uribe, con el clarísimo objetivo de debilitar la coalición y el nuevo gobierno, así como salir del caudillo que la llevó al poder. Lo que debemos conformar un frente monolítico en su defensa.

En el 2002, Álvaro Uribe, denuncia a Iván Cepeda, por recorrer las cárceles buscando testimonios negociables con los prisioneros contra su familia y amigos. La madeja se enreda, por la modificación testimonial de los mismos, las grabaciones sospechosas o manipuladas.  Uno de ellos, exparamiitar e hijo de un trabajador de la finca Guacharacas de la familia Uribe. Las tendenciosas acusaciones llevan a prisión al hermano del expresidente, quien tras sufrir la terrible injusticia es liberado por falta de pruebas. Por intentar esclarecer la verdad de los hechos, varias personas y abogados prestantes, acuden donde los testigos que buscan retractarse. Uno de estos sujetos graba en un reloj parte de las conversaciones.

El expresidente Uribe para esclarecer el entuerto ofrece con sus abogados una rueda de prensa en su finca de Rionegro, la que suscita en algunos comentaristas nuevos críticos por cuanto el expresidente limita las preguntas para dar oportunidad a todos de participar.

A su vez, la Corte Suprema de Justicia cambia la fecha para oír en indagatoria a Uribe. Los efectos de la primera citación desatan una tormenta política y la eventual renuncia al Congreso del senador, quien, finalmente, oficializa la no renuncia, cuando Colombia y el presidente electo Iván Duque más necesitan de su concurso.

La conjura contra el ex presidente Álvaro Uribe, contiene un hondo entramado político, con un precario barniz jurídico. En realidad, se le juzga por lo que es y representa, por ser el político que más ha combatido a los alzados en armas, por ser un defensor acérrimo de la Constitución y las leyes, con miras a restablecer el orden, que es la misión esencial del Estado. En particular le abominan por conseguir la victoria de la coalición.

El proceso político colombiano no es ajeno al de otros países en donde la izquierda aprovecha las enseñanzas del famoso italiano Antonio Grossi, con la finalidad de retorcer la historia y ponerla al servicio de la revolución. Lo mismo que modifican los objetivos políticos al entender que lo más importante es tomarse los medios culturales, los de comunicación y la justicia. El gran triunfo de la izquierda en La Habana ha sido efectuar una mini constituyente espuria que debilita el orden jurídico nacional, con grave descalabro del sistema, y, para colmo, se pacta la creación de un Tribunal de bolsillo como la JEP, que según reputados juristas es la prueba reina de la capitulación del Estado y el avance de la izquierda en la infiltración de la justicia y la consagración de la impunidad.  La izquierda y sus satélites enfilan sus baterías contra el expresidente Uribe por cuanto encarna la lucha denodada por la democracia, la libertad, la reforma de la justicia y la recuperación del orden.