En Hispanoamérica el fenómeno de la corrupción en la contratación pública que impulsa la empresa brasileña Odebrecht afecta diversos gobiernos y en algunos casos llega hasta la cabeza de los gobernantes, como se ha establecido por cuenta de las autoridades judiciales del Perú y de otros países, incluso Colombia, donde se reconoce que varias campañas políticas recibieron jugosos fondos para favorecer su triunfo electoral.

Por supuesto, Odebrecht, no inventa la coima ni los sobornos, vieja práctica que ronda el estamento oficial desde tiempos antiguos, sino que profundizó en el entuerto y se las ingenió para endulzar a todos. Fueron pocos los que se resistieron, en el caso del Perú varios de sus gobernantes, pertenecientes a diferentes partidos políticos. No se trata de que sobornaran a los de la derecha y el centro. Como se recuerda, Odebrecht trabajaba en combinación con el líder de izquierda, Lula da Silva, quién se había convertido en una suerte de jefe de relaciones internacionales de la poderosa empresa constructora, que, entre otras cosas, ejecutó grandes obras en varios países, mostrando su capacidad de innovar y hacer gigantescas obras de ingeniería con la mejor calidad. Es el matrimonio con el gobierno de Lula el que dispara las ambiciones de los dueños de la empresa y algunos ejecutivos que aprovechan para recibir dividendos por cuenta de la bonanza económica de la región.

En Ecuador, el gobierno de Correa trabaja de la mano de la compañía de Brasil, a diferencia de Perú en donde no se ejecutan algunas de las obras pactadas y los recursos del Estado desaparecen en las garras de los intermediarios. Lo mismo que en Venezuela. Así como en Colombia, donde la multinacional de Brasil hace alianza con compañías nativas, que desconocen los proditorios sistemas de “persuasión” que estos emplean. Así como se reconoce que entraron a varias campañas electorales fondos de esa empresa. En Argentina, en Paraguay y otros países de la región, se mueven con el mismo fin de sobornar para aumentar las posibilidades de contratación por millones y millones de dólares. El caso se destapa en los Estados Unidos, por lo que divulga los movimientos de dinero y el blanqueo de esos fondos, siendo uno de los más grandes escándalos financieros de nuestro tiempo.

En algunos países el efecto del escándalo en los estrados judiciales de Odebrecht ha sido dramático en cuanto afecta a las obras públicas en general. Lo que viene incidiendo en la contratación pública decreciente o paralizada y el efecto consiguiente en el desempleo, así como en el atraso en infraestructura. Es imposible hacer desarrollo sin avanzar en infraestructura. En el caso colombiano de no derrotar la geografía adversa, el país está condenado al atraso y la pobreza periférica, que afecta a millones de seres.

Por lo mismo, cuando se tocan temas calientes y polémicos como el de la ruta del Sol que debe conectar las vías del centro del país y la costa Atlántica, surgen toda suerte de comentarios y opiniones encontradas, incluso de los que dicen que no se debe pagar ni un centavo, que se trata de un asalto al Estado. Se discute sobre un arreglo con los bancos y con las empresas constructoras, algunos están en contra de esa fórmula que es normal en esos casos. Lo cierto, sin entrar en detalles sobre el caso, es que es evidente que se debe pagar la inversión en la construcción de más de doscientos kilómetros de construcción. En donde esas sumas no se cancelen, la banca nativa e internacional dejaría de financiar esos proyectos y se paralizaría la construcción de infraestructura y el impulso al desarrollo. Me cuentan que una alianza de las doce empresas de la Costa que, inicialmente, se comprometieron a hacer la obra en los años noventa, no construyó nada y terminaron por demandar al Estado. Por supuesto, en algunos casos en la construcción de obras públicas se dan casos de corrupción, sin que sea la regla general y muchos contratistas obran con trasparencia y pulcritud, a veces sitiados por funcionarios corruptos que quieren su mordida.

En consecuencia, se debe combatir la corrupción mediante la trasparencia en la información sobre las obras, la capacidad de las empresas y la vigilancia de la sociedad civil, que debe ser la primera interesada en conseguir que las obras se ejecuten y que se hagan con la debida capacidad técnica y los materiales de óptima calidad. Así mismo, quienes incurran en corrupción y sobornos, en la empresa privada o pública deben ser castigados con la mayor severidad. Sin caer en el error de estigmatizar a los que apuestan con obras al desarrollo colombiano. Ese debe ser un negocio lucrativo, sin necesidad de incurrir en la violación de la ley. Así como se deben evaluar las dificultades que ofrece la naturaleza en terrenos cordilleranos como los de la vía al llano que nuestra ingeniería debe superar para combatir la violencia con desarrollo e incorporar la periferia a la economía colombiana.