El poder, como sostienen los filósofos del derecho, es la función política que ejercen uno o varios individuos, por mandato expreso de la soberanía popular. En los regímenes absolutos y dinásticos, el poder residía en la testa coronada y sus sucesores. Entre nosotros, como república unitaria, la soberanía reside en el pueblo, siendo en la práctica el Congreso, como constituyente secundario, quien la ejerce, junto con los poderes Ejecutivo y Judicial.
Tal como lo demostró Álvaro Gómez, de manera dialéctica incontrovertible, entre nosotros persiste a flor de piel y en la clandestinidad del sistema democrático, el Régimen que todo lo corrompe y ejerce un influjo nefasto sobre nuestra sociedad. El jefe conservador había denunciado el Régimen lo que atrajo la atención de algunas de las gentes pensantes del país, recién llegó de sus vacaciones en Francia. Y cuando se preparaba a explicar cómo se tumbaba o desarticulaba ese sistema, lo asesinaron.
Los colombianos sintieron en lo más hondo la pérdida del gran estadista y su ausencia se siente más cuando es tarde para rectificar el rumbo. El Régimen salió fortalecido, en tanto siguió ejerciendo su influjo pernicioso y concupiscente, así en casi todos los medios se siga informando sobre la política como si Colombia fuese Atenas o una democracia perfecta, cuando lo que impera es un remedo de la democracia de otros estados y en otras latitudes.
En el Partido Conservador, como en casi todas las otras fuerzas políticas, el campo de las ideas se redujo a la réplica de algunas palabras de la jerga política que se han vuelto huecas, como orden, legitimidad, estado de derecho, democracia y libertad. Lo que cuenta en realidad es conseguir los fondos para disputar las campañas electorales cuyos gastos son multimillonarios. Para ser senador en Colombia, se requieren, por lo general, más de cinco mil millones, puesto que se trata de una mini campaña electoral similar a una presidencial, donde se recorre todo el país y se gasta en propaganda y organización, en la cual se compite con elementos desleales que juegan con el dinero para subir los costos y comprar parciales o avales de otros bandos.
No faltan los que consiguen los votos de otra manera o mediante prestigios extraordinarios, al estilo de Álvaro Uribe, que tienen un poderío electoral y maquinarias de vértigo. Lo mismo que tenemos elementos de izquierda que mueven montañas de dinero para conseguir votos prometiendo el paraíso al estilo del socialismo del siglo XXI y reciben multimillonarias sumas del Estado por reposición de votos. Como dicen, las elecciones en nuestro país semejan un gran mercado persa, generalmente, con mercancía de segunda.
Por cierto, dentro de ese sistema, el poder judicial, a partir de 1991, se ha convertido en una fuerza que consigue en determinadas ocasiones dominar al Congreso y al Ejecutivo. Al residir el poder en varias cortes, que usan a su acomodo la tutela junto con una Corte Constitucional que legisla, hemos entrado al gobierno de los jueces. En tanto los magistrados de la Corte Constitucional legislan, so pretexto de desarrollar la Constitución. Esto en contravía de lo que dice la misma Carta del 91, que en el artículo 122 establece que: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento”. Cuando esa misma Constitución dispone que los miembros de la Corte Constitucional deben ocuparse de la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes, y no de legislar.
En otro artículo mencioné el gobierno de los 9 arcontes en Atenas, que por poco acaban con la naciente democracia. Aquí tenemos 9 magistrados en la Corte Constitucional, por fortuna ninguno quiere seguir el camino ruinoso y despótico de los Arcontes, ni de los jueces de la Real Audiencia en la Nueva Granada. Conozco a varios de nuestros magistrados de la Corte Constitucional y tengo la mejor idea de su sapiencia jurídica y criterio democrático. No se trata de tal o cual, sino de un sistema pernicioso y contraproducente en la práctica para Colombia, un sistema país presidencial propio de un sistema parlamentario. Ese híbrido no funciona como lo consagró la Carta del91.
Tenemos exceso de cortes y en La Habana los legisladores ad hoc crearon otra para los alzados en armas y terroristas.
Por fortuna, en la Carta de 1991 se encuentra el Artículo 104 que reza: “El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección. Mediante esa fórmula se puede ir a una constituyente que aborde los asuntos vitales para fortalecer el Estado y restablecer el orden, con miras a garantizar la paz”