LA crisis del Estado en Colombia abarca casi todas nuestras instituciones y su relación con la sociedad. Es una crisis que algunos legisladores tratan de resolver en 1991, sin conseguir el ambicioso objetivo, en cuanto en ese foro negociaron las fuerzas del orden en minoría, en tanto los agentes del M-19 se entendían con el gobierno y sus legisladores, para acordar diversas innovaciones. Álvaro Gómez y varios políticos afines consiguieron defender allí algunos de los principios fundamentales heredados de la Constitución de 1886, inspirados en el credo Bolivariano de Rafael Núñez, el estadista que consiguió en el siglo XIX hacer realidad ese pacto político que por más de 100 años amparó la gobernabilidad y nuestras tradiciones democráticas. Lo mismo que lograron innovar en otros campos.
Ese legado democrático de Rafael Núñez, de orden, convivencia y libertad, fue una de las más grandes conquistas de Colombia, pese a que de manera saltuaria y con diversos pretextos los violentos desafían el Estado, lo que hace recurrente la lucha por la defensa nuestros valores. Gracias al credo bolivariano y nacionalista de Núñez, en Colombia los minerales son de la Nación. Sin ese precepto, no habría podido crear el presidente Laureano Gómez, Ecopetrol. Otros países de la región, como es el caso de México, libran una guerra civil por ese motivo. Aquí. en paz y civilidad, se hace ese notable esfuerzo nacionalista y empresarial. Hoy mismo, casi que estamos viviendo de los beneficios del petróleo, que esperamos se inviertan en provecho del desarrollo y de todos los colombianos. En tanto, en Chile, los social-comunistas presentan la nacionalización de la riqueza minera como la gran novedad.
Entre otras cosas, cuando se recuerda el legado político de Núñez, es de anotar que como político se destaca por ser un hombre de paz, de ideas, de propuestas y de innovaciones positivas para el bienestar nacional y colectivo. Siendo su mayor legado dejarnos un Estado organizado y su enseñanza de que la política es la capacidad de persuadir y sumar voluntades.
Sin esos principios constitucionales básicos heredados de Núñez, nuestra República habría colapsado, pero de todas maneras el Estado se debilitó de manera peligrosa. Sin que pudiesen evitar que los copistas al calco incorporaran a nuestro sistema la innovación de una Corte Constitucional, más acorde con el régimen parlamentario, que con el presidencialista y nuestra tradición jurídica. Entre nosotros, dentro del sistema presidencialista, para aprobar una ley se requieren procedimientos engorrosos, mientras que en el régimen parlamentario se aprueban con más frecuencia, por lo que, en Alemania y España, existe esa institución constitucional que hace de tamiz a esa producción frecuente de leyes.
Entre nosotros se innova en el sentido de que so pretexto de facilitar el desempeño de la justicia se acuda a la tutela. Lo que se suponía era para casos excepcionales de denegación de la misma, pero aquí la tutela interviene para todo, incluso contra sentencias en firme. Así que, mediante intrigas y leguleyadas, hemos agravado la inseguridad jurídica al extremo. Así que en la Corte Constitucional se abordan todos los temas, incluso se suplanta el poder legislativo, lo que atenta contra la separación de poderes. Por esa vía cinco magistrados que hacen mayoría en la Corte Constitucional pueden hacer lo que les venga en gana y aprobar lo que se les ocurra. Eso lo he manifestado muchas veces. Es lo que infortunadamente ha pasado con el aborto.
En un país donde la gran mayoría de ciudadanos están contra la barbarie, se defiende el derecho a la vida, aquí cinco magistrados asumen atribuciones del Congreso e imponen su voluntad contra 4 colegas, y, seguramente, contra 5O millones de colombianos, agravando la crisis del Estado. Se acepta el aborto solamente para casos excepcionales cuando podría estar en peligro la vida de la madre y cosas por el estilo. En ningún caso contra una criatura indefensa de 6 meses, eso es propiciar el crimen y legitimar un delito abominable contra un ser impotente. La Corte Constitucional se desbordó, pese a la sapiencia de algunos de sus miembros y la Nación esta consternada. Para fortalecer el Estado debemos volver a la Corte Suprema única y abolir en una constituyente la Corte Constitucional.