La Carta Política de 1991 consagra la proliferación de Cortes y el consiguiente crecimiento burocrático del sector, las que, a su vez, compiten entre sí en busca del predominio y aumentar el ámbito de influencia jurídico-política, en detrimento del prestigio institucional. Lo que provoca una cierta involución histórica, dado que, desde los días lejanos de la colonia, el gobierno de los jueces en la Real Audiencia, como lo advertía Aristóteles, resultó desastroso. El aumentar el número de magistrados y funcionarios, no mejora la eficiencia, ni se facilita necesariamente la llegada o el ascenso de los mejores, sino que se baja el rasero común. Lo mismo que permite, en ocasiones, que los elementos perniciosos o viciados por la corrupción se arropen bajo la toga de la ley, convertidos en osados grupos de presión para enriquecerse al amparo de la injusticia y la corrupción. Fenómeno que gracias a las denuncias desde Brasil y los Estados Unidos, se vino a conocer en Colombia. También, la lucha por fortalecer el imperio de la ley sufre el impacto de los acuerdos de los agentes de la revolución agazapados o enquistados en el sistema judicial, que se fortalece con suculentos fondos estatales.
La presión descarada del gobierno y la izquierda por arrancar al Congreso la aprobación de las denominadas “circunscripciones de paz” en las zonas geopolíticas estratégicas de nuestro territorio, en las que ellos han mantenido influencia por el fusil o por cuenta de la claudicación del Estado en La Habana, so pretexto de darle representación política a las víctimas, no pasa de ser un sofisma, en cuanto en zonas bajo control de las Farc no brotan sino yerbas de su misma índole. Incluso, se dice que Humberto De la Calle estuvo en contra de ceder en ese punto cardinal, por lo que el gobierno envió agentes especiales para hacer esas concesiones. Las “circunscripciones de paz” debían garantizar el predominio de las Farc en la Cámara, sumados esos legisladores a los que ya les obsequiaron y los que conseguirá la izquierda, más el apoyo de los obsecuentes idiotas útiles de siempre. Si eso es así, le faltaron al hoy candidato presidencial agallas para renunciar, como, al parecer, lo hizo Juan Camilo Restrepo, al notar la sombre del traidor y frío puñal que lo buscaba por la espalda mientras negociaba en Quito con el ELN.
Frente a la tentativa de horadar el sistema y montar un caballo de Troya en el Poder Legislativo se alza la voz de Álvaro Uribe, de sus seguidores, de Cambio Radical, así como de algunos conservadores y sectores independientes, que demuestran en el Congreso que los anticuerpos del sistema aún funcionan, que no todos los legisladores están por vender el alma al diablo, como aquellos que dicen “allanemos el camino a los socialistas del siglo XXI y mañana negociamos con ellos”, como se hizo con los “mamertos” y radicales de todas las tendencias en el pasado.
Cabe reconocer que el político que da la batalla en la Cámara, con ardor y valor, es Rodrigo Lara, identificado con los principios de Germán Vargas, se parapeta en el derecho para defender la ley e impedir que se trasgreda las normas de la democracia para entregar a sus enemigos desproporcionadas ventajas. Lara, se crece en su empeño y no se deja intimidar por el inquilino de la Casa de Nariño, en tanto el gobierno se mueve en las Cortes y otras instancias para preparar el terreno en caso de dar un zarpazo al Legislativo. Efectuados los candentes debates y el llamado de Lara a la policía para impedir el ingreso de las Farc al recinto de la Cámara, el 28 de noviembre se efectuó la crucial votación donde el gobierno, en la rebatiña de ofrecer mermelada y ofertas halagüeñas a los legisladores, no consigue sobornar las mayorías, lo que hunde el proyecto. El nuevo intento por revivirlo en el Senado fracasa.
El ministro del Interior reconoce la derrota. En tanto el senador Roy Barreras intenta torcer el pescuezo de la ley, al sostener que como existen tres sillas vacías en el Senado, se altera de manera automática el quórum lo que reduce el número de congresistas para hacer la mitad más uno. Despropósito que casi de inmediato en esclarecedor editorial refuta de manera lógica y matemática El Nuevo Siglo. El señor presidente Juan Manuel Santos acude a la Corte Constitucional para revertir el fiasco en el Congreso, donde rechazan su sugestión, sin percatarse que las decisiones del presidente del Senado, Efraín Cepeda, y del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, de reconocer la inexistencia del Acto Legislativo, hacen inviables sus maniobras.