Los expertos en el análisis de la mentalidad colombiana sostienen que una de las características sicológicas que se deben tener en cuenta es la deficiencia de cultura histórico-política, por lo que el colectivo reacciona frente a los hechos de manera circunstancial, emotiva y poco duradera. La memoria de las masas tiende a la inmediatez y es propensa al olvido, ocurre un atentado terrible y se estremecen, al día siguiente un partido de futbol los hace olvidar el horror del día anterior o un escándalo ventilado por los medios interesados. Y lo peor, la memoria de nuestros dirigentes es frágil y padece de la misma deficiencia popular.

¿Cuantos se acuerdan de los miles de muertos y heridos por cuenta de las Farc, durante décadas de conflicto armado? Son pocos los socios del Club El Nogal que dimensionan el atentado del que fueron víctimas. Raros los que tienen memoria del atentado que sufrió el ex ministro Fernando Londoño, por cuenta de la columna Teófilo Forero, mediante la figura del contrato con el hampa de Cali; ni de los disparos contra la Casa de Nariño, sin víctimas que lamentar en el inicio del gobierno de Álvaro Uribe. ¿Cuántos se acuerdan de los soldados y policías inmolados o cautivos y encadenados por largos años en las selvas por las Farc, que padecieron las peores torturas? ¿Cuántos colombianos tienen memoria de los sacrificios o el heroísmo de los militares que ofrendan la vida por la patria?  Se olvida el aciago secuestro de Ingrid Betancourt...

Apenas algunos acuciosos periodistas se refieren a veces a la cifra de más de 200.000 mil víctimas por la acción terrorista de las Farc. Víctimas ignoradas en las negociaciones de La Habana. Es la trampa de la calculada mascarada de justificar la impunidad de esos crímenes por cuenta de alcanzar el acuerdo de paz, que en tales condiciones de afrenta a la sociedad apenas se da cuando la fuerza subversiva obtiene la victoria. Siendo que en Colombia la subversión estaba acotada y no resistían la presión de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Especiales y de la Marina, que habían descabezado el secretariado de las Farc y desarticulado la mayoría de sus frentes.

Se les perdonan sus crímenes a los agentes de las Farc y se crea el Tribunal Especial de Paz, para juzgar a los “otros”. Se dijo que se privilegiaba a los militares para los cuales se debía restablecer la justicia castrense o el perdón y olvido. En realidad, como lo reconoce perplejo el general Jaime Ruiz: “sencillamente hemos sido víctimas de un engaño del gobierno con la JEP”. Se quejan del parágrafo del artículo 28 que se introdujo en el acuerdo que afecta de manera grave al estamento castrense. Algo que denunciamos en distintas ocasiones. Situación similar se repite con los expresidentes que no tienen garantías de que la JEP o Tribunal Estalinista no se ocupe de ellos, van por ellos.

En medio de la nebulosa de lo acordado en La Habana, se teme que el Tribunal cobre las principales cabezas de los detentadores del sistema, puesto que los jerarcas de las Farc y el pequeño comité central del partido comunista festejan que mediante la negociación ganaron la guerra.  Calculan que lo que se viene es la justicia revolucionaria acordada en La Habana, amparada por la Corte Constitucional y aprobada mediante el fast track por el Congreso, sistema que mantiene en vilo la legitimidad del Estado de derecho en el país. ¿Tendremos dos justicias en Colombia? La de los legisladores de La Habana con las Farc y la violentada Constitución del 91 y los actuales códigos.

En tanto consiguen la impunidad los combatientes de las Farc y desde el Tribunal de la JEP, se libra la batalla legal contra los agentes del sistema. Ahí están los listados de las Farc, en los cuales al parecer deben ser amnistiados 14.000 combatientes, en tanto las autoridades civiles reconocen poco menos que la mitad. Eso cuando aún no opera la Sala de Amnistía e Indulto del JEP. Mientras que para portar un arma les basta a los delincuentes que se mueven a sus anchas por el territorio nacional exhibir un brazalete de las Farc, sin que avance la implementación de normas sobre desmovilización ni la entrega de los menores de edad secuestrados o incorporados por la fuerza a la lucha armada. El Fiscal General advierte el peligro del “acuerdo final al otorgarle competencias a esa jurisdicción más allá de su vigencia, en detrimento de la jurisdicción ordinaria que se aplica a todos los colombianos”.  Y ni un legislador hace el gran debate de defensa de las Fuerzas Armadas.