Hernando Yepes es un destacado profesional del Derecho y profesor del mismo que habla con claridad y autoridad a los gobiernos y magistrados, defensor a ultranza de la reforma de la justicia, como fundamento esencial de la democracia. Tesis que compartimos. En reciente conferencia virtual dirigida a despertar a los conservadores anestesiados desde antes de la pandemia y las gentes de todas las tendencias que se interesan en el tema, dejó claro que en el país el sistema legal se anarquiza, a tal punto que resulta un galimatías encontrar los fundamentos esenciales del mismo.

En Colombia, las Cortes, en ocasiones, modifican su reglamento al acomodo, con miras a conformar una mayoría acorde a sus apetencias. Yepes, afirma que: “El hecho muy positivo de la elección de Fiscal por la Honorable Corte Suprema que, realizándola, restituyó un órgano superior de la organización del Estado a la normalidad de su funcionamiento no disimula la realidad de que nuestro mayor problema institucional sigue siendo la crisis que padece la cabeza de la jurisdicción común desde hace por lo menos una década”. Por las componendas y entuertos que se presentan en la elección de magistrados y las luchas de poder real y burocrático, se dejan espacios para la intriga y la manipulación. Entre los fundamentos constitutivos de la democracia es esencial la independencia de las Cortes, que es la que da carácter y respetabilidad a los jueces. Los fallos no pueden depender de intrigas y conveniencias endógenas ni exógenas de los funcionarios de la rama, sino de la interpretación literal de la ley. Y lo peor, según Aristóteles y la experiencia de la historia, es el gobierno de los jueces.

Entre los efectos del Covid-19 se cuenta la tendencia de algunos funcionarios públicos al abandono de sus lugares de trabajo, para entrar a despachar los asuntos de Estado desde sus casas. Cuando se estima que deben actuar en un lugar público. Para esos son los palacios de justicia como el edifico del Congreso, que inicialmente no tenía puertas para que el pueblo pudiese enterarse en cualquier momento de los debates y decisiones de los Padres de la Patria. Así como los jueces no podían llevarse los expedientes a sus casas, por cuanto los exponen a toda suerte de intrigas y amenazas. La función pública debe ser pública.

El señor presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, informa a El Nuevo Siglo, que el Congreso debe volver a sesiones presenciales. Es evidente que al ejercer de manera virtual las funciones que competen a senadores y representantes se pierde contacto el pueblo, las sesiones se trasforman en una especie de baile folclórico sin música, en donde no se sabe si el individuo baila de emoción o por la picada de zancudos o, simplemente, actúa como en una comedia repitiendo un guion.

El magistrado Rojas advierte que la decisión de fondo la debe tomar el mismo Congreso. Allí se da otro galimatías. Si el Ejecutivo cierra el Congreso, ese sería un atentado contra la democracia. Por el contrario, si en virtud de los decretos de emergencia, la Casa de Nariño dispone que no se pueden realizar reuniones de más de 50 personas, aborta la posibilidad de que el Congreso pueda realizar reuniones presenciales.  Claro, el Parlamento podría reunirse y desvirtuar la movida del Ejecutivo.

La actuación virtual de los parlamentarios los convertiría en una suerte de becados o rentistas, como los parlamentarios de las Farc, envileciendo más la democracia.

 Además, al Congreso le hace falta la presencia del senador Álvaro Uribe, que es el que más moja prensa cada vez que los de la izquierda le vituperan y calumnian.