Los gobiernos de Colombia, por décadas, desconocieron la importancia geopolítica que en otros países tiene el mar Pacífico y recientemente recordaron que el intercambio comercial con Asia es una fuente de oportunidades de doble vía para la economía mundial. Tal parece que muchos se quedaron en la doctrina de Marco Fidel Suárez, de réspice polum, pensando en exclusiva en los Estados Unidos para venderle materias primas, cuando las posibilidades del Asia, su riqueza y las necesidades de su numerosa población son inmensas.

Panamá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y México,  cuentan con buenas vías, fluviales y trenes, para trasportar internamente su producción a los puertos del Pacífico, en tanto nuestra infraestructura es en algunos casos raquítica. La semana pasada trascendió que se cocinaba en el Congreso un gravísimo atentado contra el desarrollo mediante un proyecto que pretendía destruir las vías de ferrocarril para cementarlas.  El desarrollo productivo competitivo requiere transporte por vías férreas y fluviales.

Sorprende que gran parte de la riqueza en oro, otros metales valiosos y el crudo, que se explota en el Chocó se haya malbaratado, en vez de hacer desarrollo económico humanístico. Mientras Panamá, que geográficamente es una extensión del territorio de Colombia, avanza y progresa con gran dinamismo, aquí el canal del Atrato sigue siendo un sueño de unos pocos visionarios, que con la corrupción que vamos degenerando parece por ahora irrealizable.

Por fuerza de las circunstancias, del paro en Buenaventura, las protestas populares y los saqueos, los medios de comunicación se vuelcan a informar sobre lo que pasa en ese puerto del Pacífico que cuenta con unos 500.000 habitantes. Las noticias sobre los disturbios traspasan las fronteras y las fotos de los saqueos aparecen en los diarios del exterior.

Buenaventura es el puerto principal de Colombia en el Pacífico y en teoría sus habitantes deberían contar con buenos ingresos y mejor calidad de vida. No es así. Las mafias del contrabando mantienen predominio armado y corrupto, sobre los moradores, como sobre la población flotante, la que, de no guardar silencio sobre las fechorías de sus vecinos, suelen ser torturados de manera despiadada y cobarde, antes de ser asesinados. Los actores de la violencia mantienen su cuota de poder, sin importar el signo político con el que se arropan para esconder sus fechorías.

La naturaleza de ese comercio clandestino de droga y violencia, es conocida por las autoridades locales y nacionales. Las mafias, mantienen acotada la población que bajo la ley de la omertá guarda silencio. En los alrededores del puerto, en casas abandonadas, se practica la santería, la tortura y ritos satánicos en los que descuartizan a sus víctimas y los fritan. Horribles fechorías con las que los torturadores amedrentan a la población, dado que la mayoría de esos atentados quedan en la impunidad.

El destacado sacerdote Louis­ Joseph Lebret, que en los años 50 invitado por el gobierno nacional, hizo los estudios y presentó el valioso informe sobre la situación social del país, daba a entender que de estallar un conflicto social en Buenaventura sería el comienzo del gran incendio que podría extenderse por la región.

Al no cumplirse la predicción, algunos no le dieron crédito a su informe, que es uno de los más especializados e interesantes del siglo XX. Su sombría visón no se hizo realidad en cuanto la ciudad evolucionó a una más peligrosa bomba de tiempo, bajo las garras de los negocios ilícitos y el contrabando.

Lebret, decía que “aquí se gobernaba para favorecer a las capas superiores: el problema colombiano es su mantenimiento y mejorar su situación, no elevar lo más rápido posible a todo el pueblo.  Están obsesionados por sus ambiciones y pretenden un estado al servicio personal; saquean la banca oficial, el desarrollo lo conciben para extender sus posesiones, la ley y los partidos son recursos para garantizar o aumentar su predomino. Mientras se ahondan las desigualdades sociales, que conducen de manera inexorable al estallido social…” 

Las protestas en Buenaventura, como las del Chocó, estrujan la conciencia nacional, que vuelve los ojos a ver qué pasa en esas regiones del sur, en donde los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, han efectuado grandes inversiones, que demandan miles y miles de millones más, en tiempos de vacas flacas. Agravadas las penurias de los pobladores por la feroz corrupción política local, las gentes claman por seguridad, vías, infraestructura, escuelas, salud, agua potable, energía y empleo. Lo peor es que en algunas zonas retroceden a los tiempos primitivos y el hambre y la enfermedad frustran el desarrollo de miles de niños y jóvenes desamparados…