El estadista conservador Álvaro Gómez, al final de su procelosa carrera pública hizo la denuncia del Régimen que estaba socavando la democracia y las instituciones de la República, por cuenta de la corrupción y las componendas que habían rebajado la política en grado superlativo. Gómez demostraba que la supervivencia del Régimen depende de que la política sea sucia. Esa condición le permite medrar en los diversos estamentos de la sociedad, lo que determina que se convierta en un monstruo omnipotente.
Han pasado dos décadas desde el magnicidio de Álvaro Gómez, y las cosas han empeorado. El jefe conservador decía que el Régimen amorfo no tenía jefe, ni forma, ni daba la cara. En virtud de los acuerdos de paz en La Habana y la derrota del Sí en el plebiscito, el Gobierno desconoce la voluntad mayoritaria de la Nación y se avanza en la violación sistemática de la Constitución, la destrucción del Estado de Derecho y la democracia. Se imita el modelo autoritario del socialismo del siglo XXI y el Congreso aprueba una suerte de Ley Habilitante, avalada por la Corte Constitucional, que le permite al Régimen borrar las fronteras de la separación de poderes del barón de Montesquieu, para consagrar de manera intempestiva la dictadura de Juan Manuel Santos, hasta ayer reconocido demócrata y centrista, quien se sale del guion legalista bajo el influjo furtivo de Carl Schmitt y el afán de imponer los acuerdos de La Habana.
La justicia y la magistratura durante esa etapa que denuncia Gómez estaban contaminadas, más no bajo el control total del Régimen. Había alguna esperanza de que los mejores juristas consiguieran imponerse sobre las lacras que politizaban la justicia. Hoy, por desgracia, una parte de la Corte Constitucional ha caído en las garras del Régimen, lo mismo que el Consejo de Estado y otros estamentos judiciales, en esas instancias prevalece lo político sobre lo jurídico.
El fallo de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo de 2016, por lo contradictorio y confuso, es la muestra perversa de la pobreza mental del Régimen, que consagra el “fast track” y da facultades discrecionales al gobernante.
Semejante subversión de valores ha sido posible, en cuanto la Corte Constitucional ha entrado abiertamente a legislar, violando el mandato de la Carta de 1991. Por eso, la señora Calle, presidenta de ese alto tribunal, se negó a ir al Congreso a explicar el fallo, pues tendría que reconocer sus contradicciones y errores, como el hecho que en La Habana se pactara que el acuerdo de paz debía consagrarse como bloque de constitucionalidad.
Veremos qué pasa con el “tribunal estalinista” a la colombiana, imitación del Comité de Salud Pública que presidió Maximiliano Robespierre en la Revolución Francesa y que produjo ríos de sangre. No olvidemos que Luís XVI se puso el gorro frigio de la revolución y no pudo evitar que rodara su cabeza y la de la bella María Antonieta, junto con los mejores elementos de la nobleza. El Régimen juega con fuego y puede arder.
Lo conservador está contra la destrucción de la democracia en nombre de la paz o de circunstanciales conveniencias políticas. Lo conservador defiende la libertad y la dignidad de la persona humana, por tanto le repugna la dictadura y la combate en todos los frentes. Lo conservador no acepta que se trance la justicia. Lo conservador exige el respeto del No en el Plebiscito, que fue derrotado en su totalidad y no puede ser aprobado a pedazos por el Congreso, siendo que del constituyente primario emana el poder y la legitimidad del sistema. Lo conservador condena la actuación de la señora Bermúdez, en el Consejo de Estado, que pretende desconocer los resultados del plebiscito, entrando a descalificar la elección y no entiende la naturaleza de la propaganda política, al tiempo que considera que el pueblo es un menor de edad, cuya voluntad se ignora si no responde a los deseos del gobierno.
La presidente de la Comisión Quinta afirma en luminosa providencia que el No ganó en el plebiscito, “para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” por cuenta de la violencia psicológica y por engaño al que fueron sometidos el pueblo por parte de quienes impulsaron dicha campaña y que tergiversaron los acuerdos de La Habana. Se pretende prevaricar y declarar interdictos a millones de colombianos. La señora Bermúdez, cuyo marido es un contratista del Régimen, considera que puede modificar los resultados electorales a favor del Sí. En sus devaneos jurídicos olvida la magistrada del Régimen que Santos fue electo la primera vez para derrotar la subversión e hizo lo contrario. ¿Ella, acaso, anularía dicha elección?