Por cuenta del conflicto armado el estamento militar en Colombia suele ser elogiado o vilipendiado alternativamente, por unos y otros. La vida castrense en nuestro medio es una de las más sacrificadas y menos comprendida por la sociedad civil. En estos mismos momentos se critica la ineficacia de los militares por no lograr la captura del disidente de las Farc, alias “Guacho”. Pese a que las autoridades, cuando se enteraron del secuestro de tres periodistas ecuatorianos en la frontera, hicieron público el anuncio de enviar a la zona fronteriza millares de soldados. ¿Qué se hizo aquello del factor sorpresa? A su vez, la sociedad se pregunta: ¿Cómo es posible que con semejante despliegue de fuerza no lo hayan capturado o eliminado? Se olvida que, a su vez, el gobierno del Ecuador dispuso una movilización a la frontera con la orden de regresar con la cabeza de “Guacho, vivo o muerto”. Que, también, resultó infructuosa.
Lo anterior demuestra que luchar contra un enemigo invisible o que puede camuflarse con la población civil o en esas extensas zonas sembradas de coca, es una tarea compleja. Se requiere de expertos, de inteligencia, de labores de penetración. Alguna vez, hablando con el estado mayor de Alberto Fujimori, que había conseguido derrotar a las fuerzas maoístas y llevar a prisión a sus jefes, me comentaban que primero se habían ganado a los campesinos de la zona, donde organizaron empresas económicas agrarias productivas consiguiendo así su confianza y apoyo que fue definitivo para que las tropas pudiesen combatir y acabar con la subversión.
Extensas zonas selváticas o aisladas y montañosas de Colombia, donde abundan los sembrados ilegales, continúan como el teatro de sanguinarios grupos armados, cuyos crímenes y depredaciones, siguen impunes. Se requiere de la acción conjunta de militares y policías para restablecer el imperio de la ley en esas regiones, sin lo cual la violencia seguirá cobrando impunemente vidas de inocentes y de nuestros soldados.
Por lo mismo es fundamental que se entienda que se debe seguir fortaleciendo las Fuerzas Armadas, al tiempo que se promueven políticas de desarrollo que consigan fomentar el bienestar entre la población campesina en zonas en las que el Estado nacional ha estado como ausente desde la proclamación de la República. Me informan que el presupuesto militar ha sido recortado a la mitad o un poco más, desde cuando se firmaron los acuerdos de La Habana y el presidente Juan Manuel Santos, anunció el nuevo amanecer de la paz. Se olvida que en las zonas del conflicto armado tienen otro calendario y sigue imperando la ley del más fuerte.
Y, entre tanto, el estamento castrense entre nosotros padece la ausencia de un Fuero Militar. Como en Europa los países mantienen el orden civilizado no conciben una democracia con un conflicto armado interno y, por lo tanto, no entienden que aquí el Ejército deba defender a tiros la soberanía nacional y el imperio de la ley. Para ello es indispensable tener una armadura legal que lo proteja, que no sería otra que el fuero militar. Y no hemos tenido los juristas que les hagan entender a la sociedad internacional las características propias de un país que tiene varios estados culturales e históricos, con poblaciones cercanas a la edad de piedra y otras en las grandes urbes, donde la Universidad y la cultura imperan, con investigadores con calidad de sabios como Manuel Elkin Patarroyo, que enorgullece al país y en plena selva efectúa parte de sus experimentos, por lo que España no vacila en utilizar con orgullo su nombre para el premio en ciencia para escolares, tanto en la Península, como en Colombia y Ecuador.
Mientras tanto, en buena hora, se levanta en el Congreso la voz firme y campanuda de la senadora Paloma Valencia, en defensa ardiente de la justicia y el estamento militar. La senadora del Centro Democrático, con el decidido apoyo de una coalición mayoritaria, ha conseguido que en un plazo de 18 meses se apruebe una nueva reforma constitucional, que dentro de la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, se cree una sala especial encargada de juzgar a los militares.
El proyecto de la senadora sostiene que “los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia iniciarán y continuarán su trámite una vez el procedimiento especial y diferenciado para el juzgamiento exista”, sobre lo cual los mismos militares podrán libremente aceptar o seguir como están. Por supuesto, que esa nueva sala no va estar compuesta por magistrados elegidos a dedo por los amigos de las Farc, sino por juristas respetables y neutrales.
Mientras tanto, los militares que por voluntad propia presentaron sus casos a la JEP, siendo favorecidos por la misma, quedarán como cosa juzgada.