Hoy se celebra en Colombia el carnaval anticorrupción, sus principales promotores en el Congreso son agentes reconocidos de la izquierda decimonónica que aplauden las negociaciones de La Habana, que consagraron la impunidad de las Farc. En la lucha política mediante la propaganda han contribuido a anestesiar a la opinión pública sobre los delitos de lesa humanidad que cometieron los subversivos contra la población civil.

En las negociaciones de La Habana se presentaron diferencias lingüísticas y semánticas que siguen prevaleciendo, dividen y confunden a la sociedad colombiana; al punto que los defensores del orden, la legitimidad y la justicia en el Congreso de la República, ad portas de unas elecciones legislativas y presidenciales, consideraron que era “políticamente” incorrecto oponerse a un plebiscito anticorrupción promovido por agentes de la izquierda hirsuta. Nadie advirtió que “no se hacen reformas católicas con obispos protestantes” ni mamertos.  Además, en teoría, todos estamos contra la corrupción. Por lo que, en el Congreso, unos con entusiasmo desbordante y otros de mala gana, apoyaron dicha Consulta, sin percatarse que le hacían el juego a la demagogia. La Consulta Anticorrupción es antitécnica y una trampa populista para arroparse con la bandera de depurar las costumbres políticas malsanas, al tiempo que propician en La Habana el perdón y olvido de las atrocidades de la Farc. Sin contar que su desempeño político en algunos municipios ha sido corruptor y desastroso. Esa farsa no es nueva, con ese mismo cuento de la famosa lucha contra la corrupción llega el comandante Chávez, en Venezuela, al poder.

Mientras en algunos sectores judiciales y políticos se les negaba la justicia y reparación a las víctimas de los atentados terroristas de las Farc, se les regalaban curules a los violentos. Algo que traté de explicarles a unos periodistas franceses de visita en nuestro territorio, los que, con su racionalismo cartesiano, me dijeron que no entendían semejante transacción de los negociadores del Estado con los terroristas en La Habana, como inexplicable que eso pasara en un país democrático y con un Estado de derecho vigente, así apenas subsista en algunas partes del territorio nacional, puesto que en nuestras grandes extensiones periféricas impera la violencia, que en los últimos días se acrecienta peligrosamente.

Ese proceso habanero sigue su curso ahora con la consulta anticorrupción, mascarada que cuesta $300.000 millones de pesos. Se gasta esa suma estratosférica a sabiendas que no soluciona nuestros problemas. La izquierda gana si consigue los votos necesarios para pasar el umbral; gana también al obtener unos millones de votos de diversos sectores por debajo del umbral, con miras a las próximas elecciones municipales. Es un ejercicio electoral engañoso que favorece a los enemigos del sistema, no al pueblo. Pretender que los vecinos decidan mediante el sufragio sobre los gastos e inversiones en las ciudades, es desconocer la planificación, las prioridades económicas y las normas para facilitar el desarrollo nacional, y dejar en manos de los caciques y electoreros el control de los fondos públicos locales, lo que “supuestamente2 se quiere combatir. Sin contar que el presupuesto nacional es el que aprueba el Congreso.

Para ir a fondo contra la corrupción y facilitar la posibilidad de una política limpia, existen fórmulas más efectivas. La primera, llevar al servicio público a los mejores. Abolir el pernicioso sistema de elección nacional de los senadores, que desconectó de sus regiones a varios de ellos y aumentó a tal punto los gastos de campaña para ser elegido, que -con pocas excepciones- es un factor multiplicador de la corrupción. La que se estimuló mediante el pernicioso sistema de los cupos indicativos, en contubernio fatal del gobierno con los representantes del pueblo. Los que con miles de millones compran los votos para llegar al Congreso, deslizan después su garra sucia sobre los fondos públicos para recuperar la inversión y obtener abultadas ganancias.

Abolir los senadores nacionales contribuiría a limpiar la política y fortalecer la representación regional. El voto castigo premia a los buenos y descalabra a los malos legisladores. Lo que pesan los sueldos parlamentarios en esos asuntos es irrisorio, comparado con el monto de lo que dejan los negocios turbios del sector oficial.  Con esas medidas se comenzaría a derrocar el Régimen que denunció Álvaro Gómez, y que sigue impune. También, para sanear el Estado se requiere de un gran Plan de Desarrollo, que no sea simple enumeración de gastos oficiales. Plan que debe ser explicado a la Nación y vigilado por la sociedad. Sin el apoyo de la sociedad organizada al cambio de las costumbres políticas, el carnaval electoral no pinta. Tal como ha sido planteada la Consulta Anticorrupción, no pasa de ser una mascarada, una burla y una suerte de parto de los montes.