A partir de 1930 los gobiernos que sucedieron al conservador de Miguel Abadía Méndez, fueron de corte liberal, siendo el de Enrique Olaya Herrera de coalición con un sector del conservatismo, mientras que los de López y Santos, fueron en exclusiva radical-liberales, los cuales procuraron conseguir recursos mediante las concesiones con las compañías petroleras extranjeras, en su mayoría de los Estados Unidos.
Las políticas que procuraron los liberales de entonces se hacen dentro de la legalidad y bajo la camisa de fuerza de la Carta Política de 1886 que lega al país el estadista Rafael Núñez, considerado el padre del Estado moderno, el cual promueve con sabiduría la centralización política y la descentralización administrativa. Sin esa centralización política, dado el determinismo geográfico, resultaba imposible mantener el orden y la estabilidad de la República, como lo demostraron las sucesivas guerras civiles durante dos décadas de régimen radical, en las que el federalismo exótico arruinaba a las regiones y las continuas guerras condenaban a la población a la miseria.
Los liberales, en algunos casos pretenden volver a los tiempos anárquicos y románticos de los caciques radicales, por la tendencia atávica de nuestros dirigentes de involucionar, más que evolucionar. Más, es preciso reconocerlo, ni Olaya, ni López, ni Santos, están por violentar el Estado de Derecho y dar un salto al vacío. Por lo que aceptan los beneficios del fortalecimiento del Estado por Núñez, en tanto, López le hace algunos cambios a la Constitución que no modifican su esencia. Sin que ninguno de los tres consiga contener del todo los brotes de violencia revanchista que se presentan en contra de los predecesores conservadores en el poder, en particular en la provincia. La Guerra Civil de los Mil Días deja un país dividido y rencores inextinguibles entre las partes. Lo que afecta el gobierno de liberales y conservadores.
Resulta curioso para los historiadores e investigadores extranjeros constatar que los más grandes cambios políticos-sociales se promueven por cuenta de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, en sus respectivos gobiernos. Ospina, promueve la política social en materia de salud pública, consigue abolir la chicha y crea el Seguro Social, lo mismo que promueve la Caja Agraria y llevar la electricidad a la provincia olvidada e incorporarla al desarrollo. La Caja fomenta, con el ahorro y la inversión, un avance social positivo en la población rural.
Ospina, al revertir la concesión petrolera de Mares, intenta promover una empresa petrolera privada o mixta, en Antioquia, que no consigue el apoyo de los inversionistas locales, que aducen su inexperiencia en ese campo y carecer de ingenieros especializados en hidrocarburos. En tanto, al asumir el gobierno Laureano Gómez, según sus postulados nacionalistas, decide fundar a Ecopetrol para fomentar el desarrollo del país y sentar las bases de la industrialización.
Por entonces, apenas en Méjico por medio de un proceso revolucionario se funda una empresa petrolera local, pese a que ese país nadaba en crudo. Las potencias entendían por entonces que los países de menos desarrollo eran como menores de edad o interdictos y sin madurez para manejar recursos como los petroleros, en donde las multinacionales del crudo se repartían la explotación y los mercados mundiales.
La magna apuesta nacionalista del presidente Laureano Gómez se constituyó en un desafío de proporciones gigantescas. Es verdad que allí estaba la refinería que nos entregó en Barrancabermeja la empresa, como los pozos en plena producción, más esa era apenas una parte del negocio y se requería consolidarla y modernizarla, formar nuestros técnicos y administradores, al igual que hacer mantenimiento, seguir con la sísmica y buscar mercados en el exterior.
En parte, el golpe de Estado que derrumbó el gobierno de Laureano Gómez, cosa que los historiadores miopes ni sospechan, tuvo un trasfondo internacional con olor a petróleo. En suma, una política petrolera que hasta el día de hoy no se alcanzó a concretar, puesto que cuando se crea un fondo petrolero para los tiempos de las vacas flacas, al primer descuido los gobiernos se gastan los cuantiosos recursos. Así que las regiones y municipios suelen malgastar y despilfarrar las regalías petroleras.
En tanto, en inversiones como Reficar, se embolatan más de US$ 4.000 millones y la investigación sigue estancada. No es de extrañar que se pretenda vender una parte de Ecopetrol cuando la sísmica y los contratos de asociación están en crisis, siendo que se trata de la empresa más rentable del país, que ha trasferido al Estado en los últimos diez años $195 billones en regalías y calificada como la gallina de los huevos de oro. Es increíble que no se alce la voz en contrario, en el Congreso, de un solo conservador o nacionalista pensante, que recuerde el significado doctrinario del bien común. La conciencia conservadora yace en la atonía espiritual.