El general Rafael Reyes, un estadista audaz y visionario promotor del desarrollo, da origen a la explotación petrolera en Colombia al otorgar la concesión en 1905  en 512.000 hectáreas a Roberto De Mares y al general Virgilio Barco, la que  evoluciona con altibajos por varios años hasta que, al no ser prorrogada, revierte a la nación en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, quien con un objetivo nacionalista trata de atraer a inversionistas particulares nativos a participar en el negocio, sin alcanzar ese objetivo, por cuanto éstos no se animaron dada su inexperiencia en ese campo y el riesgo financiero de la operación.

Le corresponde a Laureano Gómez, su sucesor en la presidencia de la República, estudiar a fondo el complejo asunto, hasta tomar la trascendental decisión nacionalista de fundar una empresa estatal que cumpla ese fin. Un objetivo arriesgado y pionero en nuestra región, nada fácil en cuanto en esos tiempos las grandes multinacionales petroleras monopolizan el sector, eran dueñas de grandes capitales y la tecnología, lo mismo que dominaban el mercado. Pese a esos grandes obstáculos, la empresa es un éxito y con sus utilidades entra a favorecer el desarrollo nacional.

Es así como Ecopetrol se convierte en una empresa estrella que explota nuestro petróleo, obtiene jugosas ganancias que estimulan el desarrollo, en tiempos en los cuales imperaba el café y el banano de exportación para obtener divisas. Por supuesto, algunos se opusieron a la explotación petrolera y pronosticaron el fracaso de la petrolera, que hoy con sus divisas y energía es motor de nuestro desarrollo.  

Y hoy, como ayer, algunos por razones ecológicas y de diversa índole, pretenden que dejemos de explorar, que abandonemos los pozos petroleros y no se otorguen más contratos de esa índole, que sería condenar la empresa a su desaparición. Claro, no tienen en cuenta que sin el músculo de Ecopetrol y con el aumento constante de la población, posiblemente descenderíamos a convertirnos en uno de los países más pobres de Hispanoamérica. Ello porque gracias a los dividendos que obtiene la empresa, se han hecho grandes inversiones de infraestructura y al favorable precio del barril de crudo, se solventan grandes proyectos energético y de tipo social, pese a que en algunos casos las regalías se han dilapidado y dejado de invertir de manera positiva. Y aunque no siempre el negocio petrolero se hace teniendo en cuenta la conveniencia nacional, sus utilidades son cuantiosas, impulsando el desarrollo regional, aunque se debe admitir que en algunas zonas donde se han explotado pozos ricos, la pobreza y la marginalidad subsisten, pero por cuenta de la violencia y la corrupción.

Setenta años de violencia han sido fatales para el desarrollo de la periferia del país, sin importar que se trate de zonas ricas en hidrocarburos y oro.  No faltan funcionarios y particulares en estos días que insisten en que dejemos de explotar el petróleo, el carbón y el gas, pese a que este último es declarado en Europa como energía verde. Sin contar que en ese continente vienen dando reversa a esa actitud, en la medida que la guerra entre Rusia y Ucrania se intensifica y la energía es vital para sobrevivir en el invierno europeo. Por supuesto, es necesario renegociar las ventas de petróleo, según los cambios en el mercado internacional que es el que determina los precios.  Los que sostienen que abandonemos la explotación petrolera parece ignorar que sin las regalías se esfumarían gran parte de los recursos del Estado para su gestión, la inversión social y la indispensable ayuda al desarrollo.

Las regalías petroleras en los últimos años representaron el 40% del total de nuestras exportaciones. Esto en un país que importa un elevado porcentaje de los alimentos, como arroz, papa, frijoles y otros. Que en parte se ha desindustrializado en los últimos años, donde la natalidad crece de manera exponencial y tenemos dos millones de migrantes. Sin las regalías del petróleo derivaría gran parte de la población a la pauperización inevitable y, en cierta forma, a la barbarie primitiva, por cuenta de la violencia social.  Por fortuna, parece que el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; el presidente del Senado, Roy Barreras y otros altos funcionarios están ahora por seguir con la explotación de hidrocarburos.